La disputa judicial por el control de Porter Brewery, emprendimiento cervecero de Tucumán, incorporó un pedido de juicio político contra fiscales y nuevas pruebas digitales presentadas por la querella.
La millonaria disputa judicial por el control de Porter Brewery, uno de los emprendimientos cerveceros más conocidos de Tucumán, sumó un nuevo capítulo. A la causa penal por presunta estafa que enfrenta a empresarios vinculados a la cerveza artesanal y la gastronomía, se agregó una ofensiva institucional contra integrantes del Ministerio Público Fiscal, a quienes la querella acusa de negligencia y de favorecer el cierre anticipado de la investigación.
El planteo fue presentado el 1 de junio ante la Comisión Permanente de Juicio Político de la Legislatura de Tucumán por la abogada María Fabiana Acosta Cisneros, representante legal de Damián Luis Battaglia. Battaglia impulsa desde 2024 denuncias penales contra Matías Gorban, Pablo Ariel Temkin, Mariano Elías Meik y Tomás Lichtmajer, a quienes acusa de haberlo excluido de manera irregular de emprendimientos comerciales vinculados a Porter Brewery, Tucumán Brewing Company (TBC), Almazen y Lupoldo SAS.
La presentación solicita la apertura de un Jurado de Enjuiciamiento y reclama la destitución de varios fiscales y funcionarios judiciales: Mariano Fernández, Carlos Eduardo Saltor, Carlos Gonzalo Rodríguez, Alejandro Noguera y Marta Ignacia Jerez, además de la auxiliar fiscal Daniela Fernanda Briz Tomás. La querella les atribuye presunto mal desempeño, negligencia grave, incumplimiento de deberes funcionales y retardo injustificado.
El conflicto se remonta a los inicios del emprendimiento. Battaglia sostiene que participó desde el inicio en el desarrollo de Porter Brewery, realizó aportes económicos e incorporó equipamiento clave para el crecimiento del negocio. Afirma que, al formalizar la estructura societaria, quedó excluido de la empresa y que con los años se consolidó una maniobra para impedirle ejercer derechos societarios, acceder a información contable y participar de las utilidades.
Según las actuaciones judiciales, el denunciante sostiene que el proyecto fue concebido como un emprendimiento compartido y que existían acuerdos previos sobre la participación de cada socio. Sin embargo, la formalización societaria terminó beneficiando solo a algunos integrantes del grupo empresario.
Durante la investigación se produjo una discusión jurídica sobre la prescripción de la acción penal. La Fiscalía entendió que el núcleo del conflicto se consumó entre 2016 y 2017 y que el delito estaba prescripto. El juez subrogante Raúl Armando Cardozo rechazó esa postura, no convalidó el pedido de sobreseimiento y dispuso que la causa continuara. Consideró que la investigación requería más medidas de prueba y que no podía descartarse que los hechos constituyeran una sucesión de conductas prolongadas en el tiempo, lo que modificaría el análisis sobre la prescripción.
La querella sostiene que fiscales ignoraron hechos posteriores a 2017 que, según su criterio, constituyen delitos autónomos. Entre ellos, un episodio del 11 de octubre de 2022, cuando Battaglia asegura haber concurrido a una escribanía para firmar una cesión de cuotas sociales. Según la denuncia, los documentos quedaron en poder de terceros, nunca fueron entregados al denunciante y no se concretó la inscripción registral.
Otro punto central se vincula con la presentación de balances societarios en abril de 2024. Battaglia sostiene que los estados contables contenían información falsa o incompleta y ocultaban ingresos, activos y utilidades. Afirma que nunca se realizaron las auditorías solicitadas.
La querella también denuncia que en diciembre de 2024 solicitó medidas urgentes para evitar la venta del fondo de comercio de TBC Barrio Sur, frente al Palacio de Tribunales. Sostiene que la operación podía afectar pruebas relevantes, pero que nunca se dispusieron medidas de preservación ni allanamientos, y el establecimiento fue vendido. Actualmente funciona allí una cafetería denominada Benito Santos.
El 31 de enero de 2025, Battaglia afirma que se le impidió el ingreso a la fábrica de Tucumán Brewing Company, tras modificarse cerraduras y restringirse su acceso. Sostiene que gran parte del equipamiento fue adquirido con inversiones propias y no integraría formalmente el patrimonio de Porter Brewery.
La querella incorporó pericias informáticas y de forensia digital elaboradas durante 2026 por una especialista, protocolizadas mediante escrituras públicas. El análisis de teléfonos celulares, correos electrónicos, archivos informáticos y conversaciones de WhatsApp permitió recuperar documentación vinculada a aportes económicos, inversiones, balances, contratos societarios y discusiones internas sobre la estructura empresarial.
La querella sostiene que de esos elementos surgen referencias a acuerdos societarios previos, conversaciones sobre balances contables y menciones a la necesidad de registrar documentación vinculada a cesiones de cuotas sociales. Afirma que el material demostraría que las discusiones sobre la participación de Battaglia continuaron varios años después de la fecha que la Fiscalía tomó para computar la prescripción.
El escrito también señala supuestas demoras y falta de respuesta frente a presentaciones de la querella, lo que, a su criterio, favoreció el avance del planteo de prescripción. La acusación ante la Legislatura cuestiona dictámenes en instancias de apelación y sostiene que existió una actuación coordinada para cerrar la causa sin agotar medidas de investigación.
La Comisión Permanente de Juicio Político deberá evaluar si corresponde avanzar con el procedimiento solicitado por la querella.