El sindicato bancario anunció un incremento salarial del 2,6% para mayo, acumulando un 12,3% en el cuatrimestre, y fijó el monto mínimo para el Día del Bancario en $2.067.482,29.
El sindicato informó que seguirá de igual manera con la actualización del mes de mayo, “siguiendo el mismo mecanismo y el alcance estipulado en los acuerdos salariales que se realizaron hasta el momento”, y que la próxima revisión será en la segunda quincena de junio.
El aumento del 2,6% será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en los cuatro primeros meses del año un 12,3% sobre los salarios de diciembre de 2025.
En cuanto al Día del Bancario, el convenio firmado con las cámaras empresariales contempla un monto mínimo de $2.067.482,29, a corregir por futuras actualizaciones.
La pauta oficial ha sido replicada en numerosas negociaciones salariales de otras ramas de actividad durante las últimas semanas. La inflación mayorista de marzo registró un alza del 3,4%, igualando el avance del Índice de Precios al Consumidor y acumulando un 27,9% en los últimos doce meses, lo que añade presión sobre los gremios para defender el salario real, por más que el índice de abril mostró una desaceleración al haberse ubicado en el 2,6% y, aún así, la variación acumulada de precios en los últimos doce meses alcanzó el 32%.
Sueldos en otros sectores
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), por su parte, acordó un incremento escalonado del 5% para el trimestre abril-junio, contemplando un bono extraordinario de $120.000. El convenio, rubricado por Armando Cavalieri y las cámaras del sector, estipula aumentos del 2% en abril, 1,5% en mayo y otro 1,5% en junio, junto a una cláusula de revisión mensual para atenuar el impacto de la variación de precios, según aseguró el gremio.
En el caso del Sindicato de Camioneros, conducido por Hugo Moyano, se firmó un acuerdo semestral que fija un incremento acumulativo del 10,1% entre marzo y agosto, fragmentado en 6 subas mensuales y complementado por sumas no remunerativas de $53.000 en marzo y un premio de $60.000 mensuales para presentismo en las áreas de Clearing, Carga Postal y Operaciones Logísticas. La contribución patronal a la obra social de los camioneros también se elevó a $25.000 por trabajador.
Algunas negociaciones han superado levemente la pauta oficial. El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), encabezado por Sergio Escalante, logró un aumento del 9,67% a partir de abril sobre los sueldos de diciembre, junto a un pago no remunerativo de $100.000 para la categoría inicial y hasta $150.000 para las superiores. Esta paritaria será válida por cuatro meses, aunque enfrenta la posibilidad de no ser homologada por exceder el margen fijado por el Ministerio de Economía.
En el sector público, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) que lidera Andrés Rodríguez acordó un ajuste excepcional del 9,9% en cinco tramos entre enero y mayo, junto con un bono no remunerativo de $40.000. Esta suba fue avalada por el Gobierno para compensar el atraso salarial frente a la inflación, aunque fue rechazada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
El sector salud y entidades deportivas también cerraron acuerdos, aunque algunos podrían no ser homologados. La Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), dirigida por Héctor Daer, obtuvo un aumento escalonado del 5,1% entre febrero y abril con sumas adicionales no remunerativas de hasta $90.000. En tanto, la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), dirigida por Carlos Bonjour, firmó una paritaria del 9,5% en tres tramos entre febrero y abril.
La respuesta sindical ante la política salarial oficial muestra posiciones divergentes. Mientras algunos gremios aceptan adaptaciones para garantizar la homologación por parte de la Secretaría de Trabajo, otros presionan para lograr incrementos superiores y demandan a las empresas el pago efectivo de las mejoras pendientes de convalidación formal, lo que genera incertidumbre, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.