La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó un nuevo dictamen señalando fallas en el proceso licitatorio a días de la apertura de ofertas económicas.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), órgano especializado en la investigación de corrupción dentro de la Administración Nacional, presentó por segunda vez una denuncia por irregularidades en el proceso de privatización de la Vía Navegable Troncal (VNT) sobre los ríos Paraguay y Paraná, conocida como Hidrovía.
El dictamen, firmado por el fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, fue remitido al fiscal federal Guillermo Marijuan el mismo día en que el Gobierno fijó la fecha de apertura de ofertas económicas, prevista para el martes 19 de mayo a las 13 horas.
Según la PIA, la licitación «repite errores» en aspectos como la redacción de la cláusula anticorrupción, las condiciones para la cesión del contrato, los límites para impugnar, la restricción a ciertas formas societarias y la obligación de justificar garantías sobre deudas con acreedores actuales. Además, cuestionó la fórmula de evaluación de ofertas y señaló un posible direccionamiento del proceso.
Fuentes oficiales indicaron que la PIA fue invitada a participar en la Mesa de Diálogo Interdisciplinario y en las reuniones del Consejo de Control, pero declinó la convocatoria en todas las ocasiones.
La licitación despertó el interés de tres empresas: las belgas Jan de Nul y DEME, y la brasileña DTA Engenharia. Esta última fue descalificada por no presentar garantías. En la evaluación técnica oficial, Jan de Nul, anterior concesionario y acreedor de una deuda estatal, obtuvo una amplia ventaja sobre DEME. Con una tarifa mínima de 3,40 dólares por tonelada registrada neta, la decisión final dependerá de la mejor oferta técnica.
La PIA también objetó las audiencias públicas, por vulnerar el derecho a una información comprensible y oportuna, y la falta de una evaluación de impacto ambiental completa. «Surgen elementos suficientes para advertir serias y evidentes irregularidades en la redacción de los pliegos, lo que conducirá inevitablemente a un procedimiento y posible adjudicación pasibles de reproches administrativos y/o penales», concluyó el fiscal.