Una investigación municipal derivó en la clausura preventiva de tres predios y la suspensión temporal de cinco empresas por presuntas descargas irregulares de escombros en áreas sensibles del río Salí y el Canal Sur.
Una investigación impulsada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán derivó en la clausura preventiva de tres predios y en la suspensión temporal de actividades de cinco empresas vinculadas al transporte y disposición de residuos, tras detectar presuntas maniobras de descarga irregular de escombros en sectores cercanos al río Salí y al Canal Sur. Las actuaciones incluyeron fotografías, registros audiovisuales y testimonios de vecinos que alertaron sobre la situación.
A partir de esas presentaciones, integrantes de la Brigada Ambiental Municipal y equipos técnicos realizaron inspecciones en distintos puntos señalados y constataron la existencia de importantes acumulaciones de escombros y residuos provenientes de obras de construcción. También identificaron huellas, caminos utilizados por vehículos de gran porte y sectores que, según las observaciones realizadas, eran utilizados de manera frecuente para la descarga de materiales.
Durante el desarrollo de las inspecciones, los investigadores avanzaron además con entrevistas e identificaciones en los predios intervenidos, incorporando información vinculada al movimiento cotidiano de camiones y al funcionamiento de los lugares investigados. De acuerdo con datos oficiales, uno de los testimonios recogidos indicó que parte de los escombros terminaban siendo desplazados hacia el cauce de agua.
La investigación también sumó informes técnicos elaborados por organismos provinciales que determinaron que los espacios inspeccionados no cuentan con habilitación para desarrollar actividades relacionadas con la disposición de este tipo de residuos.
Asimismo, se advirtió sobre el valor ambiental e hídrico de las áreas afectadas y los riesgos que implica la acumulación de desechos en sectores sensibles cercanos al Canal Sur y al río Salí.
Frente a los elementos incorporados al expediente, el juez de Faltas interviniente, Fabián Ruiz Lizondo, hizo lugar al planteo formulado por la Fiscalía Ambiental y ordenó la clausura preventiva de los tres predios inspeccionados, además de disponer la suspensión provisoria de cinco empresas involucradas hasta que acrediten el cumplimiento de las habilitaciones y condiciones ambientales exigidas por la legislación vigente.
El fiscal Javier González explicó que el objetivo de la investigación apunta a garantizar que las actividades vinculadas con el transporte y la disposición de residuos se desarrollen dentro del marco legal y sin generar impactos ambientales negativos.
“Estamos hablando de sectores especialmente sensibles desde el punto de vista ambiental e hídrico, por eso se actuó de manera preventiva”, señaló. Además, indicó que se solicitó que, llegado el momento procesal correspondiente, las empresas involucradas deban asumir tareas de restauración para recuperar los espacios degradados y devolverlos a su estado original.
Por su parte, la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julieta Migliavacca, remarcó que estas acciones forman parte de las políticas impulsadas por la gestión de la intendenta Rossana Chahla y aseguró que desde el inicio de la administración ya se logró eliminar más del 45% de los basurales existentes. “Continuamos profundizando tareas de control, fiscalización y saneamiento con el objetivo de construir una ciudad más limpia, ordenada y ambientalmente responsable”, afirmó.