El gobernador Osvaldo Jaldo instó a la Justicia y a las instituciones educativas a actuar con severidad, solicitando la detención y expulsión de estudiantes involucrados en hechos delictivos.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, reclamó a la Justicia y a las instituciones educativas que actúen con mayor firmeza y severidad ante los alumnos hallados responsables de amenazas de tiroteos o de portar armas blancas o de fuego en las aulas. «Hay que ir a fondo con las medidas. Estos chicos que de alguna manera cometen delitos pintando paredes o llevando armas blancas y armas de fuego tienen que ser detenidos. Tienen que hacerlos responsables penal y civilmente a sus padres de manera inmediata», declaró al diario La Gaceta.
Las declaraciones del mandatario evidencian la preocupación en el Gobierno provincial por las escasas consecuencias aplicadas en casos que encienden alarmas en el ámbito educativo. «El que comete un delito o un intento de delito tiene que quedar detenido y ser expulsado de la institución. A esto hay que darle un corte de cuajo, no da para más», afirmó Jaldo.
El titular del Poder Ejecutivo se expresó en estos términos luego de que se informara sobre cerca de 90 denuncias por amenazas de tiroteo en los últimos días en la provincia. Además, se conocieron casos de alumnos que reconocieron ser responsables de pintadas, uno que llevó una navaja a la Escuela de Comercio N°1 y la revocación de la prisión preventiva de un adolescente de 17 años por portar un revólver en un establecimiento educativo sin que se produjeran incidentes.
«El accionar de la Policía está a pleno. La Justicia tiene que endurecer las medidas. El que comete un delito debe ser detenido y enviado a Benjamín Paz (donde funciona el instituto para menores Padre Brochero). Darle allí todo el acompañamiento, pero no puede poner en riesgo a un colegio», sostuvo el gobernador.
Jaldo recordó que, ante las primeras amenazas, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto N° 772/7, con el fin de intensificar acciones preventivas y de disuasión, así como endurecer las consecuencias para los responsables. El instrumento autoriza la expulsión y aprehensión de los alumnos que participen en actos de inconducta, con traslado a Padre Brochero. Además, establece la responsabilidad de padres y tutores por las conductas de los menores y advierte que los establecimientos educativos pueden perder subsidios estatales si no se hacen cargo del cuidado de los estudiantes.
«El PE ha redactado un decreto para que todas las medidas que se tomen en los establecimientos educativos se puedan profundizar e ir a fondo. Ya tenemos el caso de un niño que llevó un revólver, y lo mandaron a la casa. Hay otro que llevó una cortapluma, y lo mandaron a la casa, como si nada estuviera pasando. Me parece que de una vez por todas hay que ir a fondo con las medidas», insistió el mandatario.