El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra bajo el escrutinio de la Justicia federal por dos líneas de investigación principales: el presunto delito de dádivas, relacionado con un viaje familiar en avión privado, y una posible causa por enriquecimiento ilícito, vinculada a omisiones en su declaración jurada de bienes. Estos procesos avanzan en paralelo a un intento del Gobierno nacional por reforzar su figura pública tras una seguidilla de revelaciones periodísticas.
Las investigaciones en curso
El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita avanzan en la causa por dádivas. Recientemente, recibieron el testimonio del broker aéreo que gestionó el viaje de regreso de la familia Adorni desde Punta del Este, quien confirmó que el pago de aproximadamente 3 mil dólares fue realizado en efectivo por el periodista Marcelo Grandio, amigo del funcionario. La secretaria del broker corroboró la operación y agregó que se solicitó no emitir factura. Grandio, cuya productora tenía contratos con la TV Pública –un medio que depende de la Jefatura de Gabinete–, ha brindado versiones contradictorias sobre el episodio.
Inconsistencias patrimoniales
En otro fuero, se investiga un posible enriquecimiento ilícito. Surgió que a nombre de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, figura una vivienda en un country de Exaltación de la Cruz, adquirida en 2024 y no declarada en la última presentación jurada del funcionario ante la Oficina Anticorrupción. Tampoco habría sido declarado un nuevo departamento en el barrio de Caballito, al que la familia se mudó sin vender su anterior propiedad en Parque Chacabuco.
Por otro lado, Angeletti creó una consultora de coaching ontológico y organizacional que, según consta en registros públicos, obtuvo contratos con dependencias y empresas estatales o proveedoras del Estado. Esta actividad permitió a la esposa del jefe de Gabinete cambiar su categoría impositiva de monotributista a autónoma el año pasado.
La explicación que no cerró
Tras un prolongado silencio que alimentó rumores sobre su posible salida del cargo, Adorni ofreció una conferencia de prensa el miércoles pasado. Allí, negó poseer una mansión en Martínez –otra propiedad que circulaba en rumores–, admitió el departamento en Caballito y aseguró que el resto de los bienes se verán reflejados en su próxima declaración jurada. Sin embargo, no aclaró la omisión de la casa en el country.
Sobre el viaje a Uruguay, insistió en que lo pagó de su bolsillo, afirmación que contradice la evidencia documental y testimonial recogida por la Justicia. Además, omitió explicar que, desde febrero, su salario se duplicó –de 3,5 a aproximadamente 7 millones de pesos– gracias a un decreto que actualizó las remuneraciones de los funcionarios de alto rango.
Un rol en cuestión
Durante su exposición, Adorni manifestó que su patrimonio fue construido en el sector privado y que puede usarlo como desee, una postura que analistas interpretan como un desconocimiento de los estándares de transparencia exigibles a un funcionario público de su rango. También argumentó que no presenta facturas que avalen su defensa para «no interferir» con la investigación judicial, una justificación considerada débil por expertos legales.
El escenario coloca al principal vocero del Gobierno en una posición delicada, mientras las causas judiciales continúan su curso y la oposición política exige mayores explicaciones sobre la consistencia entre su estilo de vida y sus ingresos declarados.