La fórmula Cabrera-Abdala presentó un recurso de apelación y nulidad ante la Justicia Federal, acusando al juez Díaz Martínez de insubordinación. La Asamblea Universitaria prevista para el 10 de junio está en riesgo.
La batalla judicial por el rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) escaló esta semana. A través de su apoderado, el abogado Manuel Gonzalo Casas, la fórmula integrada por Miguel Ángel Cabrera y Virginia Abdala presentó ante el Juzgado Federal N°2 la fundamentación de su recurso de apelación y de nulidad contra la sentencia del 27 de mayo, en la que el magistrado Guillermo Díaz Martínez rechazó por segunda vez la acción declarativa de inconstitucionalidad que impugna la candidatura del rector Sergio José Pagani a un tercer mandato consecutivo.
El escrito, de 58 páginas, renueva los argumentos sobre la interpretación de los artículos 17 y 190 del nuevo Estatuto de la UNT y acusa al juez de haber caído en una «insubordinación» contra su propia alzada al reeditar una discusión que la mayoría de la Cámara Federal ya había zanjado el 15 de mayo pasado.
Según los actores, cuando la Cámara Federal revocó el primer fallo de primera instancia y ordenó el reenvío del expediente, lo hizo aceptando expresamente la vía de la acción declarativa de certeza y dictando una medida cautelar. Con ese pronunciamiento, la discusión sobre la admisibilidad procesal quedaba cerrada y el juez de grado debía avocarse únicamente al fondo del asunto. Sin embargo, sostienen, el magistrado volvió a cerrar la puerta procesal siguiendo el voto en disidencia de Mario Rodolfo Leal, que había quedado en minoría frente a los cuatro votos que respaldaron la cautelar.
El escrito despliega también los argumentos sustanciales sobre por qué el Estatuto vigente prohíbe la candidatura de Pagani. El artículo 17 fija un límite de dos mandatos consecutivos en el Rectorado, y el artículo 190 —norma transitoria incorporada luego de que la Asamblea Universitaria votara el 25 de abril de 2024 por 79 votos contra 34 en contra de habilitar un reinicio de conteo— establece que los segundos mandatos en curso vencían en la segunda quincena de mayo de 2026.
El recurso recupera una frase del propio Pagani pronunciada en la Asamblea inmediatamente después de aquella votación: «79 a 34 ha ganado la propuesta hecha por Cabrera». También recuerda que el mismo rector había declarado públicamente en noviembre de 2024 que la norma era clara y que su ciclo culminaría al finalizar su gestión. El cambio de postura de Pagani a partir de febrero de 2026, cuando en una entrevista televisiva sugirió que el Estatuto lo habilitaría para un tercer mandato, es presentado como el punto de partida del conflicto.
El recurso incluye además un ejercicio de cronología procesal para demostrar que la vía del artículo 32 de la Ley de Educación Superior hubiera sido inútil sin la cautelar dictada en este expediente. Con los plazos del cronograma electoral original, la Asamblea Universitaria estaba prevista para el 20 de mayo. La resolución de la Junta Electoral que rechazó la impugnación de la fórmula Pagani llegó el 11 de mayo por la tarde. Para cuando ese expediente hubiera ingresado formalmente a la Justicia Federal, la elección ya habría concluido.
Mientras el expediente aguarda resolución en la Cámara Federal, la Universidad enfrenta una nueva encrucijada institucional. La Asamblea Universitaria convocada para elegir al nuevo rector está prevista para el miércoles 10 de junio, pero sin un pronunciamiento judicial que despeje el conflicto sobre la elegibilidad de Pagani, la realización de esa sesión luce cada vez más improbable. Para postergarla nuevamente, el Consejo Superior debería sesionar y aprobar una nueva adecuación del cronograma electoral. Ese órgano se encuentra presidido de manera interina por la decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Cristina Grunauer.
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán tiene sobre su mesa al menos dos causas conectadas: el recurso directo del expediente 8963/2026, en el que la UNT ya contestó solicitando el rechazo de las cautelares y cuestionando la vía elegida por Cabrera y Abdala, y el recurso de apelación y nulidad en el expediente original 2857/2026, donde los actores piden la anulación del segundo fallo de primera instancia y solicitan que la propia Cámara asuma jurisdicción positiva y resuelva el fondo sin nuevo reenvío.
El pedido de jurisdicción positiva directa tiene una lógica que el propio escrito explicita: el juez de primera instancia ya falló dos veces en el mismo sentido, desoyendo en la segunda oportunidad la manda de la alzada. Por eso, Casas solicita que, en caso de reenvío, se sortee un juez distinto al de la segunda nominación.
La cuenta regresiva institucional se acelera. Cada día que pasa sin resolución judicial es un día más en que el cronograma electoral de la UNT permanece suspendido en un limbo, la Asamblea no puede sesionar con certeza jurídica sobre quiénes pueden ser candidatos, y las autoridades interinas de la universidad administran una institución cuya conducción definitiva sigue sin resolverse.