El Poder Ejecutivo presentó este martes un paquete de cuatro proyectos legislativos, entre los que se incluye la Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, conocida como Ley de Lobby, que busca regular las gestiones de intereses ante funcionarios públicos.
Este martes, el Poder Ejecutivo envió un paquete de cuatro proyectos para ser tratados por el Congreso. Además del «Súper RIGI», la Ley de Ludopatía y la eliminación de los sellos en los alimentos, fue presentada otra iniciativa: la Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, también conocida como Ley de Lobby. Es el proyecto que busca regular el «lobbying» en la Argentina y, según los argumentos del Gobierno, fomentar la «confianza de los ciudadanos para con sus autoridades».
Se define como «lobby» al mecanismo a través del cual diversos actores sociales y corporativos buscan influir en las autoridades políticas y legislativas de algún Estado. Dicha práctica tiene como propósito intervenir en la creación, modificación o derogación de normativas que impacten de manera directa en su sector.
Según el documento enviado a la Cámara de Diputados, el objetivo del proyecto es «establecer los requisitos y procedimientos que rigen las gestiones de intereses destinadas a influir en la toma de decisiones públicas o procesos decisorios en el ámbito del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo». Esto incluye la elaboración de leyes, políticas públicas, contrataciones y designaciones.
«Este proyecto es una clara herramienta para contribuir a la construcción de una democracia más deliberativa, transparente y liberal», expuso parte del escrito firmado por el presidente Javier Milei junto con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el ministro del Interior, Diego Sanitilli.
Para esto, el Gobierno libertario busca la creación del Registro Público de Gestores de Intereses y del Registro Público de Gestión de Intereses, dos herramientas para controlar cualquier acción realizada por personas humanas o jurídicas con funcionarios públicos.
El primero de estos tiene el fin de identificar y habilitar obligatoriamente a toda persona humana o jurídica que realice gestiones de intereses ante los poderes Ejecutivo y Legislativo. En cambio, el segundo registro descrito está destinado a dejar constancia de los contactos específicos mantenidos por los funcionarios públicos con gestores de intereses (es decir, quienes tengan contactos con funcionarios) en el ejercicio de sus funciones.
Los gestores deberían presentar, de forma obligatoria, reportes de sus actividades de forma trimestral. Además, se hizo hincapié especial en la intervención de intereses extranjeros. En caso de que uno de estos gestores represente al Gobierno de otro país, o a un partido dentro de otro Estado, deberá declararlo específicamente.
En caso de incumplir con esta norma, el proyecto impone tanto sanciones administrativas como penales. Concretamente, para los gestores, las repercusiones no judiciales van desde la multa del pago de cinco salarios mínimos hasta una inhabilitación definitiva para operar en la Argentina. En tanto, las sanciones penales varían entre 6 meses y 3 años de prisión.
Para los funcionarios públicos, el incumplimiento de los deberes de registración y publicidad se considera una falta institucional de alta gravedad que puede activar mecanismos de remoción o juicio político según el cargo, además de posibles imputaciones por delitos como cohecho.
El Gobierno argentino tomó como ejemplo la ley estadounidense para regular el lobby en ese país, la «Lobbying Disclosure Act» (1995) y su reforma: «Honest Leadership and Open Government Act» (2007). El modelo actual de Washington, al igual que el argentino, exige la entrega de informes cada tres meses por medio de una plataforma virtual para garantizar la trazabilidad de los contactos.
Originalmente, sin embargo, la ley de Estados Unidos solo contemplaba multas civiles. La reforma de 2007 introdujo penas de prisión de hasta 5 años por incumplimientos corruptos y aumentó las multas civiles a 100.000 dólares.
Por último, las autoridades norteamericanas exigen identificar a los miembros individuales de una coalición o asociación que contribuyan a un funcionario con más de 500 dólares por trimestre. Lógica similar a la expuesta en el documento del Gobierno argentino, que exige la identificación del beneficiario final y de todos los representados para evitar el ocultamiento de intereses tras grupos de fachada.
Sin embargo, la propuesta argentina también cuenta con algunas diferencias fundamentales con la normativa vigente de Estados Unidos. Por ejemplo, el proyecto argentino regula la gestión de intereses de manera amplia, alcanzando actividades tanto onerosas como gratuitas y con o sin fines de lucro, mientras que la ley estadounidense se centra primordialmente en el lobby realizado por compensación financiera. Además, en Argentina la inscripción en el registro es una condición previa obligatoria para iniciar cualquier gestión, a diferencia de los Estados Unidos, donde se permite el registro hasta 45 días después del primer contacto o de la contratación.
Otros países que cuentan con regulaciones en torno al «lobbying» son Francia, Canadá y Chile. En la presentación del proyecto, el texto explica: «La ausencia de una regulación sistemática en esta materia ha generado, históricamente, espacios de opacidad que afectan la confianza en el funcionamiento del Estado nacional y en la equidad de los procesos decisorios».
La confianza en la administración Milei es un aspecto crítico según los últimos estudios publicados en esta materia. La última entrega del Índice de Confianza en el Gobierno que elabora la Universidad Torcuato Di Tella, publicada el lunes, mostró que ese valor se encuentra en 1,99 puntos, en una escala del 0 al 5. Supone una nueva caída porcentual del 1,6% respecto a abril y es el quinto mes consecutivo de disminución en la confianza al Gobierno. Con el último dato, además, el promedio de la actual gestión descendió a 2,41 puntos y quedó como su registro más bajo hasta la fecha.