La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán activó su protocolo de actuación tras la presentación de dos denuncias por violencia de género y la difusión de escraches en redes sociales. Autoridades y estudiantes tomaron medidas institucionales.
La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) activó el Protocolo de Actuación ante situaciones de Violencia de Género y Discriminación luego de la presentación de dos denuncias por violencia de género y la circulación de escraches en redes sociales que señalaron a un no docente y a un estudiante. Así lo informaron las autoridades académicas.
En Asuntos Jurídicos de la UNT, Patricia Gerbán explicó el carácter reservado del procedimiento. “Su tramitación es reservada a los fines de proteger la identidad de las víctimas”, declaró al diario La Gaceta.
Gabriela González, secretaria de Extensión de la facultad y responsable del Espacio de Género y Diversidad, precisó que la universidad cuenta con un protocolo para intervenir en este tipo de situaciones y que Filosofía y Letras tiene, desde hace al menos cuatro años, un área especializada. Allí trabaja una psicóloga formada en la materia, que atiende consultas individuales y participa de talleres.
González aclaró que el primer acercamiento de una persona al espacio no implica una denuncia formal. “Muchas veces las personas se acercan al servicio, cuentan alguna situación y no están convencidas de hacer la denuncia. Esos son procesos que, por supuesto, hay que respetar”, señaló.
Cuando la persona decide denunciar, se labra un acta y el equipo técnico elabora un informe. Esa documentación se eleva a la autoridad de la unidad académica, que puede adoptar medidas preventivas. Luego, el expediente pasa en sobre cerrado al rectorado y, desde allí, a Asuntos Jurídicos, a cargo de la investigación administrativa.
La funcionaria confirmó que hay dos denuncias dentro del ámbito universitario. “Ambas denuncias están siendo tramitadas”, afirmó. También marcó una diferencia entre la existencia de consultas previas y el inicio efectivo del protocolo. “Tomar conocimiento de los hechos no es lo mismo que haya una denuncia efectiva”, expresó.
Por el carácter confidencial del acompañamiento, las autoridades no acceden a todo el proceso previo. La especialista puede orientar y asesorar bajo reserva hasta que la persona decide formalizar la denuncia. Respecto de una posible intervención judicial, la secretaria aclaró que la facultad tramita un proceso interno. “No estamos hablando de un proceso penal. Es un proceso interno y administrativo que se lleva a cabo ante estas situaciones”, indicó.
El comunicado oficial advirtió que las claves de acceso al Campus Virtual y a los correos electrónicos son personales e intransferibles, y recordó que quienes hayan sufrido acoso o vulneración de su privacidad pueden acudir a un espacio institucional seguro y confidencial. “Ninguna actividad académica o política justifica ceder estos datos. El acceso no autorizado a archivos privados, la invasión a la intimidad y el ciberacoso constituyen conductas graves y son formas de violencia de género (Ley Olimpia Nº 27.736) que no tienen lugar en nuestra institución”, informó.
Mientras avanzan las actuaciones internas, estudiantes de distintas carreras participaron de una asamblea abierta, convocada ante el pedido de compañeras y compañeros. El objetivo fue crear un espacio de intercambio, escucha y reflexión colectiva frente a los hechos recientes. Entre las mociones aprobadas figuran la creación de comisiones de Género y Diversidad en cada asamblea de carrera y la conformación de una comisión centralizada, votada en asamblea general. También se pidió la suspensión preventiva del estudiante y del no docente denunciados.
Otro ítem incluyó un pronunciamiento en repudio al accionar de la conducción actual del Centro Único de Estudiantes de Filosofía y Letras (Cuefyl) por no haber actuado frente a situaciones conocidas previamente.
La asamblea también impulsó la creación de un protocolo interno para prevenir y actuar frente a situaciones de violencia y acoso dentro de agrupaciones y espacios estudiantiles, la revisión del protocolo vigente de la UNT y el pedido de información sobre el presupuesto destinado a la Secretaría de Género.