Nélida Patricia Rodríguez, ex gerente de Administración del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán, recibió una condena de dos años y seis meses de prisión condicional e inhabilitación perpetua tras admitir el uso de una tarjeta corporativa para gastos personales.
Una ex gerenta del Subsidio de Salud de Tucumán fue condenada a dos años y seis meses de prisión condicional, además de recibir una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, luego de admitir haber utilizado fondos públicos para gastos personales. La mujer, identificada como Nélida Patricia Rodríguez, reconoció haber usado una tarjeta corporativa del organismo estatal para financiar compras, viajes y consumos particulares por más de 5 millones de pesos y más de 1.300 dólares.
La sentencia fue dictada tras la homologación de un acuerdo de juicio abreviado entre la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, encabezada por el fiscal Fernando Blanno, la imputada y su defensa, con la conformidad de la querella.
Como parte de las condiciones impuestas, Rodríguez no irá a prisión debido a que la condena es de ejecución condicional. Sin embargo, deberá cumplir reglas de conducta y realizar tareas comunitarias no remuneradas en la cooperadora del Hospital Avellaneda.
Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás explicó que la acusada, en su rol de gerente de Administración del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST), tenía bajo su custodia una tarjeta corporativa del Banco Macro destinada exclusivamente al pago de compromisos institucionales y proveedores del organismo.
La investigación determinó que entre el 19 de junio de 2021 y el 24 de agosto de 2022 la ex funcionaria utilizó el plástico para realizar consumos ajenos a la actividad oficial. Entre los gastos detectados aparecieron compras de indumentaria, medicamentos, servicios digitales, plataformas de entretenimiento, pasajes aéreos y operaciones efectuadas en el exterior.
Según sostuvo el Ministerio Público Fiscal, la maniobra representó un “abuso de confianza funcional” sostenido en el tiempo y no hechos aislados. Además, remarcaron que el sistema de control interno del organismo no logró advertir las irregularidades mientras la imputada continuaba administrando los fondos públicos.
La fiscalía calculó que el perjuicio económico ocasionado al Subsidio de Salud ascendió a 5.038.466,32 pesos y 1.356,67 dólares.
Durante el proceso, Rodríguez reconoció formalmente su responsabilidad penal, lo que permitió avanzar con el acuerdo abreviado que finalmente fue declarado admisible y homologado por la jueza interviniente.