El Gobierno de Tucumán aguarda definiciones de la Nación respecto del complejo hidroeléctrico de El Cadillal, cuya concesión vence el 31 de julio, mientras analiza alternativas para participar en su gestión futura.
El Gobierno de Tucumán ingresó en una etapa de expectativa respecto del futuro del complejo hidroeléctrico de El Cadillal, cuya concesión —junto a las de Escaba y Pueblo Viejo— vencerá el próximo 31 de julio, tras tres décadas de administración por parte de Hidroeléctrica Tucumán SA. Mientras aún no hay anuncios oficiales del gobierno de Javier Milei, la Provincia sigue de cerca los pasos que dará la Nación y, paralelamente, analiza alternativas para tener algún grado de participación en el esquema futuro.
No obstante, distintas áreas técnicas elevaron propuestas para avanzar hacia un modelo que incorpore algún nivel de participación provincial. El objetivo, según trascendió, es acceder a energía a valores más bajos respecto de los actuales precios de mercado y generar excedentes económicos que permitan financiar nuevas inversiones y mejoras en las instalaciones.
Actualmente, tres ministerios del gabinete del gobernador Osvaldo Jaldo concentran esfuerzos sobre la situación del dique El Cadillal.
Por un lado, el Ministerio de Obras Públicas, encabezado por Marcelo Nazur, llevó adelante a través de la Dirección Provincial del Agua (DPA) la reparación de la presa lateral número 3, una obra que demandó más de dos años de ejecución y fue desarrollada por la Unión Transitoria de Empresas integrada por Sabavisa SA y Conorvial SA.
La semana pasada el gobernador encabezó un acto oficial luego de que el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep) autorizara elevar la cota máxima de almacenamiento a 607,50 metros sobre el nivel del mar. La intervención había sido dispuesta por Jaldo mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia durante 2023, ante el riesgo generado por la aparición de grietas en esa estructura.
La obra demandó una inversión superior a los $ 15.300 millones y, según evaluaciones oficiales, permitió solucionar el problema detectado, aunque el Orsep recomendó mantener un seguimiento permanente sobre la evolución de los trabajos realizados.
En paralelo, la Fiscalía de Estado, dirigida por Gilda Pedicone, mantiene una demanda judicial en trámite ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°1 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Enrique Alonso Reguera.
El reclamo busca recuperar los fondos que la Provincia destinó a las obras ejecutadas. La posición del Gobierno tucumano sostiene que el contrato firmado en la década de 1990 entre la Nación y la concesionaria establecía que Hidroeléctrica Tucumán SA debía asumir ese tipo de trabajos.
La empresa, sin embargo, rechaza esa interpretación y argumenta que los términos económicos de la concesión no le permitían afrontar una inversión de esa magnitud.
El tercer frente de trabajo se desarrolla en el Ministerio de Economía, conducido por Daniel Abad, que lleva adelante conversaciones con el Gobierno nacional respecto del futuro del complejo hidroeléctrico.
Aunque hasta el momento no existen resoluciones formales, antecedentes recientes vinculados a otras centrales hidroeléctricas muestran un esquema que contempla primero una prórroga contractual y posteriormente la apertura de un proceso licitatorio.
“Estamos esperando que se nos comunique qué se va a hacer”, indicaron fuentes oficiales.
Mientras aguardan definiciones, en Tucumán ya comenzaron a elaborarse alternativas concretas. Una de ellas fue planteada formalmente el año pasado por el interventor del Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán (Ersept), José Ricardo Ascárate, durante una audiencia mantenida con el entonces secretario de Energía de la Nación, Eduardo Javier Rodríguez Chirillo.
En aquella oportunidad, Ascárate propuso que las centrales hidroeléctricas de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo regresaran a la órbita provincial.
Las autoridades aclaran que no se trata de un proyecto cerrado, sino de una propuesta abierta a modificaciones y consensos con la Nación. El objetivo central sería aprovechar el vencimiento de la concesión como una oportunidad para fortalecer y jerarquizar esas estructuras energéticas.
Entre las alternativas analizadas aparece un nuevo modelo concesionario que permita al Gobierno provincial intervenir en la fijación de determinadas condiciones. Otra posibilidad consiste en avanzar con contratos de abastecimiento entre las empresas generadoras y la distribuidora local, una modalidad que ya se implementó en otros puntos del país.
Todas las variantes tienen un punto en común: aprovechar la flexibilización del mercado energético, teniendo en cuenta que desde este año las distribuidoras pueden adquirir hasta el 25% de la energía que requieren fuera del sistema administrado por Cammesa.
Por ahora, el desenlace permanece abierto y las decisiones finales siguen dependiendo de las definiciones que adopte la Nación.