En una nueva mesa de trabajo con AETAT, las autoridades capitalinas destacaron el fuerte desembolso económico de la gestión de Rossana Chahla para cubrir subsidios que la Nación dejó de enviar y avanzar en la optimización de los recorridos.
En el marco de la crisis que atraviesa el transporte público en el interior del país, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) mantuvieron este martes una nueva audiencia clave. El encuentro, realizado en la sede de 9 de Julio y Lavalle, tuvo como eje central la búsqueda de alternativas para garantizar la continuidad de las prestaciones y mejorar la calidad del servicio en la capital.
La secretaria de Gobierno, Camila Giuliano, subrayó que esta instancia no es un hecho aislado, sino que forma parte de una política de Estado iniciada a fines del año pasado tras la firma de un acta acuerdo. “Esta mesa de diálogo no es nueva, sino que comenzó hace ya meses y forma parte de la manera de gobernar de nuestra intendenta Rossana Chahla, quien entiende que el diálogo es fundamental para resolver los problemas públicos y avanzar en cualquier agenda”, afirmó la funcionaria.
Uno de los puntos más críticos de la reunión fue el análisis del financiamiento del sistema. El secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, detalló el esfuerzo financiero que realiza la administración municipal para evitar el colapso del servicio ante la quita de fondos nacionales. «La Municipalidad de San Miguel de Tucumán está destinando $ 1.000 millones en subsidios por un lado y adelanta los $ 400 millones de atributos sociales de la SUBE que no está pagando la Nación», explicó Arnedo. El funcionario advirtió que, sin este adelanto, el beneficio del 55% para los sectores más vulnerables quedaría sin efecto.
Asimismo, se informó que el Municipio incrementó de $216 millones a $400 millones el presupuesto para el Boleto Educativo Municipal (BEM) debido al aumento de la demanda entre alumnos y docentes de la capital. Por su parte, Giuliano alertó sobre la «deuda invisible» que genera la falta de inversión nacional en infraestructura vial y la desaparición del Fondo Compensador.
Más allá de lo económico, la Municipalidad busca una «racionalización de recorridos» para ganar eficiencia. Este proceso incluyó avances previos como la pavimentación de calles prioritarias para el paso de colectivos, la instalación de paradas y la plena implementación de la tarjeta SUBE. «Cuidamos mucho el transporte público de pasajeros y queremos que funcione mejor. Para eso necesitamos un esfuerzo compartido de todos», remarcó Giuliano, quien además adelantó que se está trabajando con la Provincia para integrar en este análisis a las líneas interurbanas.
Desde el sector empresario, el vicepresidente de AETAT, Jorge Berreta, calificó la situación como «crítica» y señaló que las empresas se sostienen mediante el endeudamiento constante. Si bien valoró que el estudio de costos municipal coincide con el de la cámara empresarial, advirtió sobre la urgencia de definiciones. «El gran problema sin resolver es quién va a pagar el costo del transporte. Todos vamos a tener que aportar algo más para que el servicio pueda continuar», sostuvo Berreta.
El dirigente también reconoció que el precio técnico del boleto es inalcanzable para el usuario común: «El precio real es imposible de afrontar para el pasajero, por eso en todo el mundo existen compensaciones tarifarias». Finalmente, instó al Concejo Deliberante a tratar a la brevedad un nuevo cuadro tarifario para dar previsibilidad al sector.
Aunque el diálogo se mantiene en términos que los protagonistas calificaron como «frontales y llanos», la expectativa está puesta en que estas conversaciones se traduzcan prontamente en medidas concretas que estabilicen el sistema para los miles de usuarios que dependen diariamente del colectivo.