La prolongación de su encuentro con el papa Francisco a lo largo de 70 minutos o las muestras de apoyo popular que recibió en Israel podrían constituir un respiro para Javier Milei tras la innegable derrota parlamentaria que sepultó la ley ómnibus. Pero no alcanza. De regreso en Buenos Aires, al Presidente lo esperan las mismas dificultades derivadas de la composición del Poder Legislativo, que plantean cada vez más dudas frente al fantasma de la ingobernabilidad entre los operadores económicos, a las que se sumará la impaciencia de parte de la sociedad frente a un escenario próximo a la estanflación.
Es claro que, frente a las dificultades que atraviesa el gobierno nacional, la clave de estos días no pasa por reconstruir la ley ómnibus, sino por reconstruir el poder a partir de una sólida arquitectura política. La aproximación a Mauricio Macri y al Pro con vistas a consolidar una alianza parlamentaria solo puede ser un primer paso que no será suficiente para garantizar la sanción de leyes. Basta repasar unos pocos números: en la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza y el Pro apenas suman 75 bancas sobre un total de 257, en tanto que en el Senado sumarían 13 sobre 37.
Desde el gobierno nacional se ha recurrido a un curioso relato, que procuró mostrar el fracaso de la ley ómnibus en el Congreso como un triunfo, por cuanto permitió determinar quiénes son los leales y quiénes los traidores. Pero lo cierto es que la construcción de poder no puede limitarse a la táctica diaria de sumar calificativos despectivos para los legisladores y gobernadores provinciales que no acompañen a rajatabla las iniciativas del Gobierno y que han ido desde “corruptos” y “coimeros” hasta “lobos con piel de cordero” y “mugre de la política”.
Es probable que, en los próximos días, retorne la hiperactividad en términos de decisiones administrativas, como para persuadir a todo el mundo de que el gobierno de Milei no se ahogará en un vaso con agua por un traspié legislativo. Se esperan resoluciones que reglamenten el megadecreto desregulador y más decretos de necesidad y urgencia. Del mismo modo, habrá que esperar más señales en dirección a la reducción del gasto público y del déficit fiscal, como la decisión adoptada tan pronto como concluyó el frustrado trámite de la ley ómnibus, por la cual se eliminó el Fondo Compensador del Interior, desde el que se giraban recursos a las empresas de transporte público de las provincias, y que abrió un nuevo frente de confrontación con los gobiernos provinciales.
Ninguna de estas decisiones deberían sorprender. En más de una ocasión, tanto durante la campaña electoral como luego de haber sido elegido presidente de los argentinos, Milei advirtió: “Si me rechazan todo, voy a sobreexagerar el ajuste fiscal”.
Aun así, la gestión gubernamental no podrá ceñirse a las herramientas con las que cuenta el Poder Ejecutivo para achicar el gasto público o para reducir al máximo las transferencias discrecionales del Estado nacional a las provincias. Se requerirán reformas estructurales en el sector público, en las áreas laboral y previsional y en el terreno impositivo, y para eso se necesitarán leyes que sean el fruto de acuerdos políticos.
Esos acuerdos, a su vez, precisarán de mayor profesionalismo y conocimiento del funcionamiento de las instituciones, como de la técnica legislativa. Ni detestar a la casta política habilita a los gobernantes a desconocer el funcionamiento institucional ni la mala voluntad de ciertos sectores de la oposición exime al oficialismo de no evitar groseros errores a lo largo del proceso legislativo, como los registrados recientemente.
Algunas medidas vengativas de Milei contra funcionarios propios tampoco reflejan muestras de fortaleza y de autoridad. El despido del titular de la Anses, Osvaldo Giordano, en supuesta represalia contra el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y los diputados cordobeses que no acompañaron la totalidad de la ley ómnibus, es más que discutible. Se suponía que el saliente administrador de los fondos previsionales había llegado a aquel cargo por su experiencia y su probada solvencia en la función pública, pero su expulsión del Gobierno por parte de Milei parecería indicar que se lo había ubicado allí por acuerdos espurios con la casta atados de un piolín.
Giordano pagó por el voto adverso contra ciertos incisos de la ley ómnibus por parte de su esposa, la diputada cordobesa Alejandra Torres, como si su banca legislativa fuera un bien ganancial de su matrimonio. La legisladora insinuó, en su defensa, que su esposo fue nombrado en la Anses para ejercer presión sobre ella y cuestionó la concepción según la cual “si somos mujeres o parejas de alguien tenemos que aceptar lo que el marido dice y no tener opiniones propias”.
El conflicto que se le plantea a Milei entre identidad y gobernabilidad, al menos hasta las próximas elecciones legislativas de 2025, tendrá que resolverse a favor de la gobernabilidad, y ésta solo se podrá alcanzar mediante la búsqueda de consensos con sectores de la oposición.
Milei habrá aprovechado para explorar la experiencia de la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, con quien se reunió ayer en Roma. Se trató de una buena oportunidad para evaluar y revalorizar la decisiva importancia de armar alianzas legislativas. Pocos dirigentes políticos, como los italianos, conocen tan profundamente los conflictos parlamentarios. La líder del movimiento Hermanos de Italia, identificado originalmente con el neofascismo, llegó al gobierno en octubre de 2022 con propuestas radicalizadas y propias de la extrema derecha, especialmente para frenar la inmigración. Sin embargo, debió moderar su discurso y sus reformas, optando por avanzar más lentamente a cambio de garantizarse gobernabilidad.
Después de todo, gobernar es persuadir y explicar, antes que imponer.
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