lunes, 15 abril, 2024
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La Ruta del Dinero K, Cristina Kirchner y una duda: el caso se queda sin fiscal?

El tramo de la causa conocida como la Ruta del Dinero K, donde Cristina Kirchner volverá a ser investigada, podría quedarse sin fiscal, a raíz del fallo de la Cámara que ordenó la reapertura del caso donde se había dictado un sobreseimiento. El juez Sebastián Casanello, a quien le devolvieron el expediente, tiene bajo análisis la situación a la que algunos califican de “inédita”, ya que sin el impulso del Ministerio Público Fiscal no hay pesquisa que realizar. Aunque hay un querellante -la ONG Bases Republicanas- “el Código no contempla que la acusación la impulse alguien que no sea la fiscalía”.

“Es un laberinto jurídico en el que quedó la causa”, explicaron a Clarín fuentes de Comodoro Py. En nuestro sistema jurídico, para abrir cualquier investigación y desarrollar la misma, se requiere el impulso del Ministerio Público Fiscal quien es el representante de la sociedad en esencia.

Hay que recordar que Cristina estuvo imputada durante cinco años, por el delito de lavado de dinero. En este expediente Lázaro Báez fue condenado a diez años de prisión por haber blanqueado 55 millones de dólares. La justicia federal debía determinar la participación de la vicepresidenta en esa estructura, incluso más allá de los conocidos vínculos comerciales que la unieron con el contratista patagónico.

Después de ejecutar varias medidas de prueba y sin desconocer esa relación investigada en otros expedientes en Comodoro Py, el fiscal Guillermo Marijuan dijo que se había agotado la pesquisa sin dar con ningún elemento de prueba que sostenga la acusación contra Cristina Kirchner. Por ese motivo, solicitó al juez Casanello que dicte el sobreseimiento.

En ese marco, el magistrado no tenía más posibilidades que responder en línea con lo planteado por el Ministerio Público Fiscal, ya que sin impulso por esa parte no hay expediente judicial que pueda continuar. En consecuencia, Casanello firmó el sobreseimiento pero nunca se expidió sobre el fondo, esto es, opinar si Cristina Kirchner es inocente o no de los hechos atribuidos, porque con el requerimiento de Marijuan no se llegó a esa instancia.

La semana pasada, la Cámara de Apelaciones -responsable de revisar las decisiones de los jueces de instrucción- revocó el sobreseimiento. En duros términos deslegitimó el criterio del fiscal Marijuan, señalando que no se podía “de forma arbitraria” sostener que la vicepresidenta nada tenía que ver con las operaciones de lavado de dinero, al entender que había quedado una gran cantidad de pruebas, sobre todo que son parte de otros expedientes, sin haber sido analizada.

Se trata de otras causas en las que fueron investigados la familia Kirchner y sus negocios con Lázaro Báez, como Hotesur y Los Sauces. Incluso la Cámara citó el alegato del fiscal general Diego Luciani, quien intervino en el juicio Vialidad, donde la vice y el empresario fueron condenados por administración fraudulenta. Se analizaron los 51 contratos viales que el Grupo Austral obtuvo durante los gobiernos kirchneristas y las irregularidades que rodearon esos procesos licitatorios.

Al respecto, los dos jueces que ordenaron la reapertura de la pesquisa, Mariano Lloren y Pablo Bertuzzi, indicaron que había que ver el caso como la pieza de un rompecabezas aún mayor y que la investigación debía analizarse de forma conglobante y no segmentar las acusaciones. Por eso recomendaron analizar las pruebas integradas a otras causas consideradas tramos de una misma maniobra delictiva.

El expediente residual, ya que es un desprendimiento de la Ruta del Dinero K, regresará al juzgado de Sebastián Casanello pero se abre un nuevo interrogante: ¿Quedará sin fiscal la causa?

Un acusador que no acusa, ¿se puede reemplazar?

La resolución de la Cámara Federal porteña no invalidó el dictamen, por lo cual se entiende que los magistrados dejaron afuera a Marijuan de este tramo de la causa. “La única manera de dejarlo interviniendo en el expediente era anulando su dictamen, y eso no ocurrió”, explicó una fuente judicial a Clarín.

Lo cierto es que el Código no admite una querella autónoma como titular de la investigación. En este punto el juez Casanello había resuelto que la ONG Bases Republicanas, la única querella en este expediente y la que logró la reapertura del caso, no podía intervenir una vez que el Ministerio Público Fiscal retiró la acción de impulsar la investigación.

Hay que mencionar que la fiscalía ante la Cámara de Apelaciones evitó adherir a la querella, convalidando así el criterio de Marijuan sobre el sobreseimiento de Cristina.

Entonces ¿Qué se hace si el fiscal deja de intervenir? Fuentes allegadas a la causa indicaron a Clarín que no está prevista tal circunstancia. Ante la consulta sobre si el Procurador General que es el jefe de los fiscales podría designar a alguien, la respuesta fue contundente: “El Ministerio Público Fiscal es uno sólo y el mismo se retiró al entender que no había elementos para sostener la acusación”.

En los Tribunales de Retiro en cambio entienden que podría haber nuevamente fiscal si la causa se anexara a otra que ya cuenta con un representante del Ministerio Público, pero tampoco es un camino asegurado ni que se utilice habitualmente.

Por otro lado, se espera la decisión de Marijuan, que a criterio de la Sala II de la Cámara de Apelaciones debería apartarse del expediente. Se sostiene en este punto que el Ministerio Público “es uno solo, no existe la figura del “Fiscal Natural” como ocurre con los jueces”.

Ante la consulta sobre qué se hace en caso de no tener fiscal, se indicó que se puede “seguir con la acusación privada (la ONG Bases Republicana): “mientras haya impulso de una parte habilitada (como un querellante) se puede llegar a juicio”, pero fueron varios los que admitieron que “no es lo mejor” ya que “a la sociedad la representa el Fiscal” y si no hay impulso desde abajo, “el rol del fiscal de juicio se desdibuja”.

Ante la consulta de Clarín, desde la ONG Bases Republicanas respondieron: “La sociedad no puede quedarse sin representación por falta de impulso fiscal y de los organismos querellantes, como la UIF y la AFIP. Esperamos que en el futuro prevalezca el interés general para conocer la verdad objetiva ante este tipo de graves hechos de corrupción».

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