domingo, 25 febrero, 2024
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Crece la polémica por una decisión del Gobierno sobre la cobertura de remedios

El flamante decreto que creó Consejo de Asistencia Técnica para Procesos Judiciales de Salud (Catpros), del que dio cuenta Clarín el martes último, parece haber resentido la aparente alianza que hasta ahora venía sosteniendo el Gobierno con las asociaciones de pacientes de enfermedades poco frecuentes.

El objetivo de ese Consejo es incorporar un nuevo actor que intervenga como una especie de filtro antes de que la Justicia resuelva sobre los amparos judiciales que proliferan hoy para la cobertura de medicamentos muy caros y que tanto las obras sociales y prepagas, como el Estado, deben pagar.

La realidad es que frente a este tipo de presentaciones los jueces suelen fallar, casi sin excepciones, a favor de los pacientes. El Catpros -que entrará en funciones a mediados de octubre- dependerá del Ministerio de Salud, tendrá cinco integrantes que responden a organismos administrativos del Poder Ejecutivo y surge como una voz (no vinculante, aclara el decreto) que busca ser una herramienta para los jueces.

Desde las asociaciones de pacientes reclaman dos cuestiones: la primera, que la sociedad civil no está representada en ese Consejo; y la segunda, que el Estado se volvería juez y parte al ganar ese protagonismo en las decisiones que deba tomar la Justicia.

Como trasfondo de todo esto aparece el financiamiento del sistema de salud, que viene sufriendo un fuerte impacto a partir de la obligación de las empresas de medicina privada y de la seguridad social de cubrir determinados medicamentos de muy alto costo para los pacientes de enfermedades poco frecuentes u oncológicos que los reclaman.

Un mural del artista Martín Ron para recordar las enfermedades poco frecuentes.Un mural del artista Martín Ron para recordar las enfermedades poco frecuentes.Las dos principales agrupaciones de pacientes específicas son la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes (Fadepof), que fue la primera en alzar la voz para mostrar sus reparos sobre el decreto, y la Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA), que este jueves se sumó a las críticas y reclamó una solución integral al problema del acceso a los medicamentos que necesitan.

Desde ALAPA, en diálogo con Clarín, pidieron entre otras cosas “ampliar procesos de compra centralizada y los convenios de riesgo compartido (se paga si el medicamento funciona), que se hizo por primera vez este año y es muy beneficioso en términos de costo para el Estado y para los pacientes”.

También, insistir en la producción pública de algunos medicamentos que no serían difíciles de fabricar y que comercialmente no son de interés para el sector privado. En la lógica de esas políticas aparecen, por ejemplo, las becas doctorales para el desarrollo de drogas contra enfermedades poco frecuentes.

La estrechez del vínculo con el Gobierno quedó de manifiesto en un encuentro organizado por ALAPA en 2021 vía zoom con Sonia Tarragona, entonces subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica del Ministerio de Salud y actual jefa de Gabinete de la cartera que conduce Carla Vizzotti.

De la alianza al malestar

En esa jornada, bautizada “Estrategias Nacionales para el Acceso a la Salud”, Tarragona dijo: “El Ministerio de Salud de la Nación la única forma que tiene de comprarle un medicamento a una persona es a través de un amparo. Si yo fuera ustedes también haría amparos. Decirles que no lo hagan es no darnos cuenta de la necesidad que tienen”.

Sonia Tarragona: Sonia Tarragona: «No podemos seguir discutiendo si dar un medicamento o no en función del precio», decía.Luego aseguró: “Lo que tenemos que trabajar es que esa no sea la forma de acceder. Y en eso estamos trabajando, en la reestructuración y hemos comprado 80 viales para atrofia muscular espinal sin orden judicial. Pero en eso nos tienen que ayudar. No tenemos un registro de pacientes, no sabemos a cuántos tenemos que atender. Hoy, si nos preguntan cuántos pacientes hay de las enfermedades que ustedes padecen, y sus familias padecen, no lo sabemos. Entonces difícilmente para el Estado se pueda avanzar en una compra de algo si no sabemos cuántos son, dónde están”.

Tarragona expuso entonces, también, una especie de cruzada personal contra los precios que buscaban imponer los laboratorios: “No podemos seguir discutiendo si dar un medicamento o no en función del precio. Si un medicamento sirve y eso mejora la calidad de vida de la gente, hay que darlo. Pero tiene que ser a un precio que podamos pagar. No podemos pagar un millón de dólares un tratamiento, no podemos pagar 55 mil dólares una pastilla”.

A eso sumó: “No es que discutimos la efectividad del medicamento. Discutimos que nos estén robando de esta manera. Podemos ver de qué manera seguir hipotecando el futuro para comprar un medicamento, pero eso no es la solución definitiva. Quiero manifestar el compromiso de trabajar sin descanso para que ustedes puedan acceder a los medicamentos que necesitan”.

Finalmente, les pidió: “Necesitamos de la fuerza de todos ustedes. La voz de todos ustedes es mucho más fuerte que la nuestra, y necesitamos aliarnos en ese punto. No podemos estar en veredas enfrentadas. No desconocemos y no nos olvidamos que hay cosas que son urgentes, tenemos que darles respuesta y estamos trabajando para eso”.

Pasaron dos años de aquellas palabras y la realidad que describen hoy las asociaciones de pacientes habla de que los reclamos siguen pendientes de respuestas. Y que la carta jugada con el Catpros es un trago amargo que las asociaciones de pacientes evidentemente no esperaban.

En los considerandos del decreto que creó el Consejo que asesorará a la Justicia hay una larga lista de reparos sobre los medicamentos de alto costo, que no tienen que ver sólo con el precio. También ponen en cuestión, a través de diferentes argumentos, la supuesta eficacia de estas drogas e incluso advierten sobre los efectos adversos que puedan provocar en los pacientes. Desde ALAPA se quejaron: “Parece más un decreto hecho por el Ministerio de Economía que por el Ministerio de Salud”.

PS

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