jueves, 20 junio, 2024
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Promulgaron la ley que crea el parque de Santa Ana

La iniciativa, aprobada sobre tablas en la última sesión de la Legislatura, había sido impulsada por los oficialistas Mariela Reyes Elías, Sergio Mansilla, Tulio Caponio y Javier Morof. Y fue puesta en vigencia con las firmas del gobernador, Juan Manzur, y del ministro de Desarrollo Productivo, Álvaro Simón Padrós.

La normativa encomienda a la Secretaría de Desarrollo Productivo, a través de la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos, el rol de «autoridad de aplicación». En ese marco, esta repartición deberá «evaluar la factibilidad de llevar adelante tareas de restauración de especies amenazadas o extintas, ya sea por sus propios medios o por convenios con terceros, a los fines de lograr la recomposición paulatina de la biodiversidad del ecosistema de Yungas, del cual el Parque Provincial Santa Ana es custodio de una muestra representativa».

Además, esta oficina del Poder Ejecutivo deberá «asignar un Cuerpo de Guardaparques con la misión de gestionar y custodiar la Reserva de manera que garantice la conservación, a largo plazo, de los ecosistemas naturales, su biodiversidad y los servicios ambientales que presta a la sociedad».

El Cuerpo de Guardaparques tendrá a su cargo la «custodia, monitoreo ambiental, promoción y atención al visitante». Quienes integren sus filas «deberán acreditar formación, especialización técnica habilitante o idoneidad suficiente para el cumplimiento de las funciones establecidas».

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En otro artículo, la ley establece que el Área Natural Protegida Parque Provincial Santa Ana «contará con un Plan de Gestión basado en la evaluación de sus recursos naturales, culturales y sociales». «En dicho Plan se especificarán las actividades a ejecutarse y, en función de los objetivos de su creación y de la categoría asignada, se realizará la zonificación correspondiente», agrega.

Por otra parte, se deberá prever, dentro del Plan de Gestión, «el uso público del área». Para ello, se podrá «planificar el desarrollo de infraestructura adecuada y ambientalmente compatible con el entorno que se conserva, el diseño y demarcación de senderos para avistaje de fauna y contemplación de la naturaleza». «Toda actividad que se desarrolle dentro del área deberá cumplir con el principio de sostenibilidad y minimizar los impactos sobre el ambiente», indica la normativa.

Repaso histórico

En los fundamentos del proyecto, Reyes Elías y sus pares remarcaron que «la Reserva Provincial Santa Ana fue creada por medio de la ley provincial N° 2.439, con una superficie aproximada de 20.000 hectáreas, bajo la categoría de Reserva Natural».

Esta normativa, agregaron los legisladores, fue derogada por la ley 6.292, «que define un marco normativo más amplio, que incluye la protección integral de los Recursos Naturales Renovables y las Áreas Naturales Protegidas de la provincia».

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Este territorio, detalla el texto, está ubicado en el Departamento Río Chico, al sur de Tucumán, en las inmediaciones del Ingenio Santa Ana.

«La Reserva se crea en 1972, incluyendo las tierras que provinieron del desguace del Ingenio Santa Ana. Algunas de estas fueron loteadas y destinadas al cultivo de la caña de azúcar o, más reciente, de cítricos. Las restantes fueron destinadas a la creación de la reserva que resguarda una de las porciones más australes e importantes de Selvas de Montañas o Yungas, incluyendo en las áreas cumbrales superficies menores de Pastizales de Neblina», detallaron los peronistas.

Consideraron luego que esta zona se ha «revalorizado en los últimos años», a partir de la creación del Parque Nacional Aconquija, mediante Ley Nacional 27.451, «que contiene y amplía el anterior Parque Nacional Los Alisos, incluyendo otras propiedades que anteriormente eran de dominio privado».

«La presencia de ambas áreas protegidas (Santa Ana y Aconquija) conforma un importante corredor de biodiversidad, que bajo mecanismos efectivos de gestión y control, podría asegurar a perpetuidad la conservación de una muestra representativa del ecosistema de Yungas, que asegure la viabilidad de las poblaciones de fauna silvestre (presentes o bajo programas de reintroducción), y contribuya a mantener los servicios ecosistémicos», remarcaron los autores del proyecto.

Fuente: LA GACETA

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