La Legislatura de Tucumán aprobó la desafectación de un terreno de dominio público en San Pablo, lo que generó críticas de especialistas en urbanismo. La medida aún debe ser promulgada por el Ejecutivo.
La decisión de la Legislatura de Tucumán de desafectar del dominio público un terreno donde estaba proyectada una calle entre las comunas de San Pablo y El Manantial generó cuestionamientos en ámbitos académicos y urbanísticos. Especialistas en planificación territorial advirtieron que la medida refleja problemas en la gestión urbana del área metropolitana y podría favorecer intereses privados en detrimento del interés colectivo, la conectividad futura y la integración social.
La iniciativa fue aprobada por mayoría durante la última sesión legislativa, aunque aún resta su promulgación por parte del Poder Ejecutivo. El proyecto contempla la desafectación de una franja de aproximadamente 650 metros de largo por 10 metros de ancho ubicada en una zona que históricamente estuvo ocupada por plantaciones y que en los últimos años comenzó a experimentar un crecimiento de desarrollos inmobiliarios privados.
Según explicó el legislador Mario Leito, impulsor de la propuesta, el espacio había sido reservado catastralmente para una calle, pero nunca llegó a cumplir esa función. Durante el debate legislativo surgieron voces críticas. El legislador opositor Manuel Courel alertó que ese corredor podría representar la única vía de escape disponible a lo largo de casi 2,5 kilómetros de urbanizaciones cerradas emplazadas entre las rutas provinciales 301 y 338, sobre la avenida Vicente Lucci.
La arquitecta Marta Casares, especialista en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente e integrante de la Sociedad Argentina de Planificación Territorial (Saplat), sostuvo que la medida no puede interpretarse como una simple decisión administrativa. “La urbanización avanza por fragmentos y la planificación pública llega tarde, limitándose muchas veces a negociar o convalidar hechos consumados”, señaló.
Casares afirmó que el terreno no constituye un remanente sin valor estratégico, sino una reserva pública de conectividad ubicada en uno de los sectores con mayor presión inmobiliaria del área metropolitana. Calificó la decisión como regresiva, ya que transforma un espacio destinado a futuras conexiones urbanas en un activo susceptible de ser utilizado para operaciones privadas o compensatorias.
La doctora en Arquitectura María Paula Llomparte Frenzel, investigadora del Conicet, docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán y vecina de San Pablo, coincidió en que el debate trasciende el caso puntual. Según expresó, la discusión permite analizar los cambios que atraviesan los territorios urbano-rurales del área metropolitana y sus consecuencias sobre la calidad de vida de la población.
La especialista consideró indispensable que toda planificación territorial priorice el interés colectivo por encima de intereses particulares y advirtió sobre la falta de una estrategia integral para ordenar el crecimiento urbano. Sostuvo que la expansión de barrios privados requiere una mirada metropolitana que permita anticipar su integración con la estructura urbana existente.
Para Casares, el aspecto central del debate no radica en si la calle existe físicamente, sino en la posibilidad de que el Estado conserve o pierda la capacidad de habilitarla en el futuro. “Las trazas públicas tienen valor no solo por su utilización presente, sino por la función estructurante que pueden cumplir dentro de la red urbana futura”, explicó.
Durante el debate parlamentario, Leito argumentó que unas 80 familias —50 de Ohuanta y 30 de El Manantial— podrían beneficiarse con la desafectación al acceder a la regularización de sus tierras. Indicó que se prevé la firma de un convenio con la empresa Citrusvil para la cesión de terrenos en compensación, aunque dicho acuerdo no figura en el proyecto aprobado y no fue formalizado. Fuentes legislativas oficialistas señalaron que la iniciativa llegó al recinto con el aval del Poder Ejecutivo provincial.
Llomparte Frenzel también cuestionó el modelo de movilidad que se consolida en la zona, diseñado principalmente para el uso del automóvil particular. Alertó sobre procesos de “gentrificación verde”, mediante los cuales áreas ambientalmente valiosas, como el pedemonte tucumano, son valorizadas por el mercado inmobiliario y convertidas en espacios exclusivos.
Casares observó una contradicción entre esta iniciativa y las políticas impulsadas por el Gobierno provincial para proteger el patrimonio inmobiliario estatal, como la creación del Procedimiento de Autotutela Administrativa de Inmuebles del Estado y del Registro Único de Bienes Inmuebles del Estado Provincial (decretos 3664 y 3665 de 2025). “La protección del patrimonio público no puede ser selectiva”, sostuvo.
Finalmente, Casares recomendó que el Ejecutivo no promulgue la norma. A su juicio, la iniciativa carece de coherencia con una política territorial integral, debilita la estructura pública del territorio, limita posibilidades futuras de conectividad y profundiza la fragmentación urbana. “No se trata solamente de una calle. Lo que está en discusión es el modelo de ciudad y de territorio que Tucumán pretende construir para las próximas décadas”, concluyó.