Durante una reunión de comisiones del Senado, representantes de Santa Fe y del sector del biodiésel expresaron reparos al proyecto oficial por considerar que otorga protección especial a la industria azucarera del Norte, en particular a Tucumán.
El debate por la nueva Ley de Biocombustibles se reanudó en el Senado de la Nación con la reunión de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda. Representantes de Santa Fe, empresarios del biodiésel y actores del sector plantearon objeciones al proyecto impulsado por el oficialismo nacional, al considerar que establece condiciones preferenciales para la industria azucarera de Tucumán, Salta y Jujuy.
La iniciativa, presentada por la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, propone modificar el régimen actual de biocombustibles, vigente hasta 2030, y establecer un nuevo esquema por 15 años. El Gobierno nacional sostiene que el proyecto busca promover la competencia y brindar previsibilidad a las inversiones.
Juan Rodil, subsecretario de Relaciones Institucionales del gobierno de Santa Fe, señaló que la provincia encontró «diversos aspectos preocupantes» en la propuesta. Aunque reconoció la disposición al diálogo de funcionarios nacionales, indicó que Santa Fe trabaja con empresas y productores para construir un esquema que desarrolle el sector sin privilegios para determinados actores.
El núcleo de la discusión gira en torno al bioetanol. Actualmente el corte obligatorio es del 12%, y el proyecto propone elevarlo al 15%. Según explicó el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, el nuevo esquema mantendrá seis puntos reservados para la caña de azúcar y seis para el maíz, mientras que los tres puntos adicionales quedarían abiertos a la competencia.
Desde Santa Fe sostienen que esta distribución implica una «doble vara», ya que el Gobierno de Javier Milei impulsa desregulaciones en otros sectores pero aquí establece una reserva de mercado para la producción azucarera del Norte. Afirman que si se busca un mercado competitivo, toda la producción debería competir sin porcentajes asegurados por ley.
Las observaciones también alcanzan al tratamiento diferenciado entre biodiésel y bioetanol. Mientras el biodiésel avanzaría hacia un sistema más abierto, el bioetanol de caña de azúcar conservaría protección explícita. Empresas vinculadas al maíz y al biodiésel consideran que el proyecto beneficia a las economías regionales del Norte, como Tucumán, Salta y Jujuy.
En Tucumán, la producción de azúcar y alcohol es una de las industrias más importantes, con miles de puestos de trabajo y fuerte incidencia en la actividad regional. Legisladores y gobernadores del Norte reclaman mecanismos que aseguren mercados para el bioetanol de caña. Del otro lado, sectores vinculados al maíz sostienen que la ley debería fomentar la competencia sin ventajas permanentes para ninguna materia prima.
Durante el debate también surgieron apoyos a una alternativa presentada por la senadora salteña Flavia Royón, que varios legisladores consideran más equilibrada entre empresas integradas y no integradas. Daniel González defendió la iniciativa oficial, afirmando que fue elaborada tras casi dos años de trabajo técnico y que petroleras y automotrices la acompañan por brindar previsibilidad.
Representantes de cámaras empresarias del biodiésel advirtieron sobre la modificación anticipada del régimen vigente hasta 2030, planteando dudas sobre la seguridad jurídica y la estabilidad de las inversiones ya realizadas. La discusión continuará en el Senado en las próximas semanas.