Dos nuevas causas judiciales en la provincia exponen modalidades de fraude con tarjetas de crédito y documentación ajena. Una de ellas involucra a un empleado de Tarjeta Naranja y la otra a una mujer que utilizó documentos perdidos. Las pérdidas superan los 17 millones de pesos.
Las investigaciones por estafas y suplantación de identidad continúan multiplicándose en Tucumán. En las últimas horas, el Ministerio Público Fiscal impulsó dos expedientes que exponen modalidades de fraude vinculadas al uso de tarjetas de crédito y documentación ajena.
Uno de los casos tiene como acusado a un empleado de Tarjeta Naranja. Según la investigación, el trabajador utilizó plásticos olvidados por clientas para realizar compras personales y simular operaciones comerciales en su propio negocio. El 12 de febrero de 2025, una mujer olvidó su tarjeta luego de recibir asistencia en una terminal de autoconsulta en la sucursal de calle Congreso al 32. Durante los diez días posteriores, el acusado concretó 24 compras en distintos comercios, incluyendo dos consumos simulados en su negocio “NARANJX DRINK MASTER” mediante el sistema de pago “toque”. El perjuicio económico fue estimado en $2.153.104. Al día siguiente, otra clienta olvidó su tarjeta tras recibir asistencia del mismo empleado. El acusado realizó una compra en un bar y dos operaciones ficticias con su propia terminal de cobro, ocasionando un daño de $465.700. Las pérdidas fueron absorbidas por Tarjeta Naranja S.A.U.
El Ministerio Público Fiscal imputó al acusado por defraudación mediante uso de tarjeta de crédito hurtada en concurso real. Durante una audiencia el 20 de mayo, la auxiliar fiscal Natalia Carabajal presentó un acuerdo de suspensión de juicio a prueba. El acusado deberá cumplir reglas de conducta durante un año, realizar tareas comunitarias en la Fundación Mate Cocido y abonar una reparación económica de $1.300.000.
La segunda investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, conducida por Diego López Ávila. Se acusa a una mujer de utilizar documentación perdida para realizar maniobras fraudulentas. Según la reconstrucción fiscal, el 26 de enero de 2026 la víctima perdió un portadocumentos con su DNI y una tarjeta en la zona de El Bajo. La acusada habría encontrado esos elementos y, entre el 27 de enero y el 8 de mayo, efectuó compras presenciales y virtuales, solicitó préstamos personales, obtuvo tarjetas de crédito, gestionó créditos para productos electrónicos y concretó extracciones bancarias haciéndose pasar por la víctima. El daño económico supera los $15 millones. El auxiliar fiscal Rogelio Rodríguez del Busto le formuló cargos por apropiación de cosa perdida, defraudación mediante uso de tarjeta de compra, estafa por suplantación de identidad, falsificación de instrumento privado y utilización de documento de identidad ajeno.
Especialistas y funcionarios señalaron el crecimiento sostenido de estos delitos impulsado por la digitalización financiera. La comisario Yolanda Álvarez, titular de la División Delitos Telemáticos, explicó que los delincuentes utilizan información personal obtenida previamente —como DNI, fotografías, fechas de nacimiento o credenciales bancarias— para asumir la identidad de terceros. “Pueden solicitar préstamos, abrir cuentas, realizar compras o acceder a billeteras virtuales en nombre de la víctima”, afirmó. La abogada Gabriela Catalán sostuvo que parte de la información personal puede encontrarse mediante búsquedas en internet, lo que “facilita la creación de billeteras virtuales falsas, líneas telefónicas y cuentas bancarias destinadas a triangular dinero”. El abogado Sebastián Bauque vinculó la expansión de estos delitos con la digitalización financiera: “Hoy se puede pedir un préstamo o abrir una cuenta desde un teléfono celular. Ya no hace falta ir a una entidad bancaria”. Añadió que los delincuentes se ven favorecidos por las dificultades para rastrear movimientos y porque muchas personas no denuncian cuando los montos son reducidos.
Los especialistas coincidieron en que la escasa educación digital de muchos usuarios es una debilidad. Catalán señaló una “preocupante asimetría” entre el avance tecnológico y las herramientas de investigación. “Los delincuentes operan en el anonimato y modifican sus estrategias en cuestión de días, mientras los procesos judiciales pueden demorar meses”, afirmó. Álvarez sostuvo que bancos y plataformas digitales tienen un papel central en la prevención mediante controles y mecanismos de seguridad más rigurosos. Catalán agregó que las entidades deberían contar con sistemas para identificar movimientos anómalos. En cuanto a recomendaciones, los especialistas remarcaron la importancia de actuar con rapidez: bloquear tarjetas y cuentas, conservar mensajes y registros, y efectuar denuncias ante la Policía o el Ministerio Público Fiscal. “Lo importante es actuar rápidamente”, afirmó el secretario de Participación Ciudadana, José Farhat.