El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, fue autorizado por el juez Diego Amarante a salir del país entre el 27 de mayo y el 21 de julio de 2026 para asistir a compromisos deportivos internacionales, aunque deberá depositar una caución de $30 millones.
La Justicia autorizó al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, a viajar al exterior para asistir a la final de la Champions League y a las actividades oficiales del Mundial 2026, aunque le impuso como condición una caución real de $30 millones para garantizar su sometimiento al proceso que lo juzga por presunta apropiación indebida de tributos y aportes previsionales.
La decisión fue tomada por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien autorizó a Tapia a salir del país entre el 27 de mayo y el 21 de julio de 2026 con destino a Hungría, Estados Unidos, México y Canadá.
Según la resolución judicial, la defensa del dirigente había solicitado permiso para que Tapia pudiera participar de distintos compromisos deportivos e institucionales en su doble rol de presidente de la AFA y miembro de organismos internacionales del fútbol. Entre ellos figuran la final de la UEFA Champions League en Budapest, prevista para el 30 de mayo, los amistosos de la Selección Argentina ante Honduras e Islandia en Estados Unidos y las actividades protocolares vinculadas al Mundial 2026.
Para respaldar el pedido, los abogados acompañaron invitaciones oficiales de la UEFA, documentación remitida por FIFA y autorizaciones emitidas por la CONMEBOL para los amistosos internacionales de la Selección. También informaron parte del itinerario y los lugares de hospedaje previstos para el viaje.
El fiscal del caso dictaminó a favor de la autorización, aunque sostuvo que debía articularse con “medidas de sujeción al proceso adecuadas y suficientes”, de modo tal que el extenso período fuera compatible con eventuales requerimientos judiciales futuros.
Tapia está procesado desde marzo de este año en una causa que investiga una deuda de $19.300 millones por tributos y recursos de la seguridad social presuntamente retenidos y no abonados en término. El expediente también involucra a Pablo Toviggino, Cristian Malaspina y Víctor Blanco.
En esa resolución, el juez había procesado a Tapia “sin prisión preventiva” por considerarlo “prima facie coautor penalmente responsable” de apropiación indebida de tributos agravada en 34 hechos y apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravada en 17 hechos. Además, le trabó un embargo de $350 millones y mantuvo vigente la prohibición de salida del país.
La prohibición había sido confirmada posteriormente por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.
Sin embargo, al analizar el nuevo pedido, Amarante consideró que “no existen elementos objetivos que impidan la salida del territorio nacional” en las condiciones planteadas por la defensa. El magistrado también valoró que Tapia cumplió “en tiempo y forma” con las condiciones impuestas en autorizaciones de viaje anteriores y que el nuevo itinerario estaba “debidamente circunscripto” y sujeto a control judicial.
En la resolución, el juez señaló además que el dirigente ya se presentó a declaración indagatoria y que el procesamiento sin prisión preventiva, sumado al embargo dispuesto sobre sus bienes, permiten evaluar el pedido “desde la perspectiva de una mayor sujeción del imputado al proceso”. También destacó que no hay actos procesales pendientes que requieran su presencia personal durante el período solicitado para viajar.
Como condición para otorgar el permiso, el tribunal fijó una caución real de $30 millones. El juez sostuvo que la medida busca asegurar que Tapia cumpla “las obligaciones que se le impongan y las órdenes del tribunal”.
La resolución precisó que el dinero ya había sido depositado previamente en una cuenta judicial del Banco Nación por una autorización anterior, por lo que ahora será afectado a esta nueva caución, siempre que el dirigente preste conformidad expresa.
Además, antes de viajar, Tapia deberá firmar un acta compromisoria y comprometerse formalmente a cumplir todas las condiciones impuestas por el juzgado.
El tribunal advirtió que cualquier modificación de fechas, destinos o condiciones del viaje implicará “una violación directa a los compromisos de sujeción al proceso”, lo que podría derivar en la revocación inmediata del beneficio y en la ejecución de la caución depositada.
También deberá informar su regreso al país dentro de las 48 horas posteriores al arribo, ya sea mediante una presentación judicial electrónica acompañando el comprobante migratorio correspondiente o compareciendo personalmente ante el tribunal. En caso de incumplimiento, el juez advirtió que podrá declararlo rebelde y ordenar su captura.