La investigación contra José Matías Rollate suma nuevos elementos que apuntan a una presunta estafa piramidal, con denuncias de inversores y la aparición de billetes apócrifos. El caso avanza en la Justicia provincial.
La causa judicial que involucra a José Matías Rollate, acusado de estafa y uso de dólares falsificados en Tucumán, incorporó nuevos elementos que los investigadores analizan para determinar si se trató de una maniobra de captación de inversores mediante supuestos vínculos políticos.
La denuncia inicial fue presentada por Nadia Antonella Pérez Vaca, pareja del acusado, quien aseguró haber sido víctima de hostigamiento y maniobras financieras. Según su relato, entregó U$S 5.000 para una inversión y luego descubrió que Rollate habría utilizado sin autorización los datos bancarios de su padre para obtener $ 12,5 millones. Al reclamar el dinero, dijo, comenzó a recibir amenazas.
Como prueba, la denunciante presentó un sobre con U$S 100.000 apócrifos que, según afirmó, le había dado el acusado. El abogado defensor, Patricio Char, sostuvo que los billetes eran “de cotillón”, destinados a fiestas.
El fiscal Diego López Ávila solicitó un allanamiento, que fue autorizado por una jueza, en una vivienda donde funcionaría una oficina financiera informal. Durante el operativo, encontraron al padre del sospechoso, Jacinto Rollate, con U$S 10.000 y más de $ 1,5 millones en efectivo. Ambos fueron acusados formalmente, pero continuarán en libertad mientras avanza la investigación.
Tras la difusión del caso, surgieron antecedentes que indican que Rollate era investigado desde hace al menos tres años por delitos económicos. Una nueva denuncia fue presentada por Federico Vega, quien relató que conoció al acusado en la Universidad de San Pablo-T y que en 2018 Rollate le ofreció invertir en una financiera llamada Rollal Group, con una rentabilidad mensual del 14% y supuestos acuerdos con el Ministerio de Desarrollo Social.
Vega aseguró haber vendido una cochera para entregarle U$S 15.000, y luego realizó inversiones adicionales por U$S 25.000, U$S 16.000 y 30.000 euros. Recibió pagos durante un tiempo, pero luego Rollate dejó de cumplir y desapareció. En agosto de ese año, Vega fue citado a la oficina del financista, donde recibió U$S 37.500 y fue amenazado con un arma de fuego. En 2023, calculó la deuda en U$S 120.000.
La causa fue presentada ante el Ministerio Público con el patrocinio del abogado José María Molina. Inicialmente intervino la fiscal Mariana Rivadeneira, quien consideró que podría tratarse de una estafa piramidal o intermediación financiera ilegal y remitió el expediente a la Justicia Federal, que declinó su competencia. Desde marzo de 2024, el caso está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que debe definir qué fuero continuará la investigación.
Molina aseguró que unas diez personas se contactaron para denunciar maniobras similares. “Creemos que estamos frente a una estafa piramidal que se viene desarrollando desde hace al menos ocho años”, sostuvo. El fiscal López Ávila evalúa los próximos pasos y espera la presentación de nuevos damnificados para agravar la imputación.