Delincuentes simulan ser efectivos de la Policía Federal para exigir dinero a cambio de frenar supuestas causas judiciales. Hay más de una decena de afectados en la provincia.
Una nueva modalidad de estafa comenzó a expandirse en Tucumán y ya dejó más de una decena de víctimas. Los delincuentes simulan ser efectivos de la Policía Federal, aseguran que las personas están siendo investigadas por delitos vinculados principalmente con abuso sexual infantil y exigen transferencias de dinero para frenar supuestas causas judiciales.
Una de las modalidades consiste en el envío de correos electrónicos falsamente atribuidos a la Policía Federal Argentina. Los mensajes llegan desde la dirección “[email protected]” y contienen advertencias sobre presuntas investigaciones judiciales iniciadas a partir del rastreo de direcciones IP.
Según explicó el letrado, en esos correos los estafadores aseguran haber detectado imágenes ilegales o movimientos sospechosos relacionados con delitos sexuales. A partir de allí intimidan a las víctimas y las obligan a comunicarse de manera urgente para “resolver” la situación.
“Te dicen que están haciendo una investigación en tu contra y que si querés solucionarlo tenés que comunicarte urgente. Tienen un relato tan convincente que la víctima, aunque sabe que no cometió ningún delito, entra en pánico y termina cayendo en la trampa”, explicó Bauque.
La segunda modalidad opera principalmente a través de Facebook y aplicaciones de citas. En esos casos, los delincuentes crean perfiles falsos de mujeres jóvenes o incluso menores de edad, inician conversaciones con las víctimas y generan un vínculo de confianza. Luego solicitan fotos íntimas o intercambian contenido privado.
Minutos después aparece un supuesto familiar de la joven o un falso policía que informa que la persona estuvo hablando con una menor de edad y que existe una denuncia penal en trámite.
“Generalmente llaman diciendo que son de una comisaría de Buenos Aires y que un padre denunció que le enviaron fotos a su hija menor”, relató el abogado.
En ambos esquemas, el objetivo final es el mismo: exigir dinero a cambio de detener la supuesta investigación judicial y evitar allanamientos, detenciones o procesos penales.
Bauque explicó que las bandas montan una puesta en escena muy elaborada para generar temor y credibilidad. “Es un mecanismo muy preparado. Se escucha hasta el handy policial de fondo, hablan como policías y manejan toda una situación para asustar a la persona”, afirmó.
Incluso señaló que algunas víctimas lograron grabar las conversaciones y que en los audios se escuchaban radiollamados y diálogos simulando procedimientos policiales reales.
Según detalló el profesional, los pagos no se realizan a cuentas bancarias tradicionales, sino a billeteras virtuales abiertas a nombre de terceros, generalmente personas jóvenes con documentos de identidad recientes. Luego el dinero es transferido rápidamente entre distintas cuentas para dificultar el rastreo.
“Son billeteras virtuales que cualquiera puede abrir fácilmente, a diferencia de las bancarias donde existen mayores controles. Una vez que uno deposita, la plata desaparece y empiezan a moverla entre distintas cuentas para borrar rastros”, sostuvo.
Otro de los aspectos que más preocupa a los investigadores es el nivel de información personal que manejan las bandas para manipular psicológicamente a las víctimas. Según Bauque, los delincuentes suelen conocer domicilios, lugares de trabajo, nombres de familiares e incluso datos sobre hijos menores.
“Tienen acceso a una base de datos muy fuerte. A uno de mis clientes llegaron a decirle dónde trabajaba, dónde vivía, cómo se llamaban sus hijas y hasta a qué escuela iban”, explicó.
El abogado indicó además que los estafadores buscan aislar emocionalmente a quienes contactan para impedir que consulten con familiares, abogados o autoridades reales. “Les dicen que no hablen con nadie, que no llamen a nadie y que manejen todo únicamente por ese medio. Intentan manipular psicológicamente a la víctima para que no pida ayuda y no descubra la maniobra”, señaló.
Bauque advirtió también que muchas personas no denuncian estos hechos por vergüenza o temor a quedar vinculadas públicamente con causas relacionadas con pornografía infantil o intercambio de imágenes íntimas.
“Esto ocurre sobre todo con quienes no llegaron a transferir dinero. Muchas veces prefieren cambiar el número de teléfono, cerrar redes sociales o incluso mudarse antes que atravesar la exposición de una denuncia”, indicó. También explicó que existen víctimas que sí realizan pagos, pero deciden no accionar judicialmente para evitar conflictos familiares, laborales o sociales.
Finalmente, el abogado pidió desconfiar de cualquier comunicación en la que supuestos policías, fiscales o funcionarios judiciales soliciten dinero para cerrar investigaciones penales.
“La Justicia no funciona así. Nadie te pide plata para frenar una causa o evitar una detención”, remarcó.
Además, recomendó no responder correos sospechosos, evitar brindar información personal, cortar inmediatamente la comunicación y denunciar el hecho en una comisaría o en las fiscalías especializadas en estafas.