Este martes se conoció la noticia de la muerte de 2 hombres en situación de calle en Paraná y Mar Del Plata con cuadros de hipotermia. Hace apenas una semana había sucedido lo mismo en Mendoza con 2 personas fallecidas. Éstas se suman a casos en Bariloche y CABA. Según la Asamblea popular por los derechos de las personas en situación de calle y el grupo de estudios Sociabilidad en los márgenes de la Facultad de Psicología de la UBA la cifra total es de 63 fallecidos y se desprende de los registros que realizan en conjunto.
Sin embargo, advierten que los números pueden marcar incluso una subrepresentación con respecto a la realidad, ya que el registro se realiza a partir de los casos recabados internamente por las propias organizaciones o por publicaciones de medios de comunicación, por lo que muchos casos pueden no llegar a denunciarse por la dinámica propia de la vida en la calle.
El avance de la precarización en las condiciones de vida, junto al brutal ajuste en políticas de vivienda y programas integrales de asistencia, generan muertes evitables. No son solo por frío: son el reflejo más crudo de un Gobierno que condena a millones a la pobreza y la degradación, mientras los grandes bancos y el FMI se llevan millones.
Te puede interesar: Dos hombres murieron por la pobreza extrema en medio del frío polar
Te puede interesar: Dos hombres murieron por la pobreza extrema en medio del frío polar
La motosierra en favor de los poderosos y la pobreza de los Gobiernos
El 3 de junio, a pocos días de que comience el invierno, el Gobierno nacional se desligó y transfirió la responsabilidad por la atención de las personas en situación de calle a las diferentes provincias con el decreto 373/2025. Desde entonces, sólo asume la función de marcar lineamientos generales a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. El especialista en urbanismo, Fernando Bercovich, lo define como “un enfoque algo extraño teniendo en cuenta que la mayoría de las personas que viven en la calle son hombres solos.”
El Poder Ejecutivo pudo reformar la Ley 27.654, de Situación de Calle y Familias sin Techo, por decreto gracias a las facultades que le otorgó el Congreso a través de la Ley Bases. Además, derogó un inciso de la ley que establecía que todos los programas existentes sobre personas en situación de calle debían ser mantenidos o integrados a los nuevos, sin disminuir su alcance, permitiendo los recortes.
La “Ley Nacional de Situación de Calle y Personas sin Techo” se sancionó en diciembre de 2021, sin embargo tuvo que fallecer una beba a metros de la Casa Rosada, con la bronca que genera, para que en 2023 el Gobierno nacional reglamentara la Ley que había sido votada dos años antes.
La Ley, obliga a los Gobiernos a proteger los derechos elementales (vivienda, salud, trabajo, educación), realizar políticas transversales de integración y cuidado para las personas en situación de calle, como también a realizar un censo de personas viviendo en la vía pública y en paradores o centro de integración social (CIS).
Distintas organizaciones no gubernamentales vienen denunciando la inexistencia de un relevamiento de las personas en situación de calle a nivel nacional. En la Ciudad de Buenos Aires, las propias cifras oficiales marcan un aumento del 55% en apenas 2 años de las personas en situación de calle. La estadística del Gobierno de la Ciudad arroja 4.049 personas, mientras relevamientos de organizaciones sociales estiman números mayores, entre 10.000 y 12.000 personas.
El recorte en CABA y la polìtica de “limpieza”
Para el presupuesto 2025 de la Ciudad el tema habitacional es de baja importancia (no así los negocios inmobiliarios). El Instituto de la Vivienda de la Ciudad sufrió una caída presupuestaria del 27,25% interanual en términos reales, si se lo compara con el presupuesto en vigor en 2024. Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), denuncian que las partidas actuales representan apenas el 0,76% del total del presupuesto del Gobierno de la Ciudad, el porcentaje más bajo de los últimos doce años.
A principios de 2025, el macrismo en la Ciudad unificó y reasignó las partidas presupuestarias del Programa de Apoyo para Personas en Situación de Vulnerabilidad Habitacional (Programa 42) con la del Programa de Asistencia a Familias de Alta Vulnerabilidad Social (Programa 43), un subsidio por 12 meses con monto máximo de apenas $227.000. Sin embargo, uniendo los presupuestos de ambos, las cifras son menores a todo el período 2016-2022, según denuncia ACIJ.
Jorge Macri recién confirmado como Jefe de Gobierno había lanzado una campaña persecutoria criminalizando a las personas sin hogar, acusando de usar los cajeros como monoambientes y de ensuciar por revolver la basura, nada que envidiar a Micky Vainilla. Mientras se patean responsabilidades con provincia y nación por el presupuesto de políticas de cuidad, el Gobierno de la Ciudad montó operativos de “limpieza”, una política punitiva y estigmatizante para desalojar por la fuerza a personas en situación de calle.
Dos relatores especiales de la ONU (el de Vivienda y el de Pobreza) expresaron recientemente una «grave preocupación» acerca del enfoque punitivo de las medidas adoptadas por el GCBA. Publicaron un comunicado en el que denunciaban “medidas e intervenciones discriminatorias” que sugieren “un patrón de criminalización” de estas personas en lugar de abordar sus “problemas socioeconómicos sistémicos proporcionando acceso a una vivienda adecuada, asistencia social, programas de empleo”.
Según ACIJ, el 34% de las personas en situación de calle detenidas en 2024 reportan haber sufrido violencia institucional al momento de la detención. Otro estudio del Registro Unificado de Violencias (RUV) hacia Personas en Situación de Calle, integrado por investigadores del CONICET-UBA entre otrxs, calculó un incrementó del 500% de violencia institucional hacia personas que viven en la calle. En total, en el último año, se registraron 320 episodios de violencia. El año anterior se habían detectado 233.
El mismo informe detecta la muerte de 135 personas en situación de calle entre agosto de 2023 y el mismo mes de 2024. Esto es, una muerte en el espacio público cada dos días y medio.
Pobreza creciente y políticas transitorias
Las partidas presupuestarias se destinan a programas que siguen orientando fundamentalmente a ofrecer una respuesta de emergencia y transitoria, “principalmente a través de un subsidio habitacional, o de una vacante en un Centro de Inclusión Social (CIS), sin resolver otros problemas estructurales”, denuncian desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Hoy, los 45 CIS de la Ciudad cuentan con una disponibilidad de 3.668 plazas, menos que los números oficiales de personas en situación de calle y apenas alcanzan a cubrir un tercio de los registrados por las ONG.
Te puede interesar: Salud Mental: Jorge Macri y su protocolo para personas en situación de calle
Te puede interesar: Salud Mental: Jorge Macri y su protocolo para personas en situación de calle
Para resolver los problemas de quienes se encuentran en situación de calle, la respuesta tiene que empezar por garantizar el acceso a condiciones materiales de existencia básicas, como lo es contar con un lugar donde vivir y cubrir sus necesidades básicas, como programas integrales de atención. En cambio, los gobiernos criminalizan una problemática esencialmente social, producto de decisiones políticas de quienes hace años gobiernan la Ciudad al servicio de los negocios de unos pocos.
El ajuste de Milei se cobra vidas en un país con la capacidad para producir alimentos para 650 millones de personas (en kilocalorías), y con 3 millones de viviendas ociosas (según proyecciones basadas en el último censo del Indec). Además de ser un país con superávit energético, es decir, exportador neto de energía que podría garantizar calefacción para todo el país.
Más allá del Gobierno de turno, la pobreza y la indigencia en las sociedades capitalistas son situaciones estructurales que hacen a su propio funcionamiento, basado en la desigualdad de una minoría poseedora y una mayoría desposeída. De ahí que para terminar con estos casos aberrantes que algunos intentan naturalizar, es necesario organizarse en los lugares de trabajo, estudio y los barrios, para pelear por otro tipo de sociedad.