Artículo extraído del sitio web de la Liga Internacional Socialista.
Por Gustavo García
El pasado lunes 31 de marzo fue noticia la condena por malversación de fondos públicos de Marine Le Pen, la líder política del partido de extrema derecha francés Agrupación Nacional (Rassemblement National). Acusada de crear puestos con fondos de la Unión Europea para garantizar salarios a su círculo familiar, afrontar gastos personales y de su partido. Le Pen fue condenada a 4 años de prisión, de los cuales dos que podría cumplir en arresto domiciliario y dos de ellos en suspenso, más una inhabilitación para postularse a elecciones y ocupar cargos públicos durante 5 años.
El pez por la boca muere
Si alguien se intentaba definir como “antisistema” en Francia, en estos últimos años de crisis capitalista y enojo contra quienes gobernaban, era Marine Le Pen. Su discurso de odio, proto-fascista, se encontraba acompañado de una “encarnizada lucha” contra los privilegios de la casta política que ha gobernado y gobierna, llegando al límite de declarar abiertamente en 2013 que quién sea acusado del cargo por el cual ella fue condenada debía ser inhabilitado «de por vida».
Si bien es acusada de varios delitos, centralmente el escándalo surge porque creó cargos de asistentes, durante su mandato como diputada en el parlamento europeo en el periodo 2004 a 2017, para su ex esposo, su cuñado y hasta al mucamo de su padre ya fallecido, el fascista Jean-Marie Le Pen. Personas que, además, nunca trabajaron por tales labores.
Toda la solidaridad con… ¡¿Le Pen?!
Este hecho de alto contenido de hipocresía, aunque causó una lógica indignación en amplias capas populares y alegría por la condena en otras tantas, no empujó a un repliegue de Agrupación Nacional sino que por el contrario, actualmente despliegan una campaña contra los jueces que condenaron a su máxima dirección política, «contra las instituciones y el sistema». Desde su campaña argumentan que la democracia está en peligro, ya que atenta contra la libertad de participación en elecciones en tanto que candidata. No nos sorprende: Marine Le Pen es la principal figura de la extrema derecha, participó del último ballotage contra el actual presidente Emmanuel Macron y es candidata fuerte para las próximas elecciones presidenciales de 2027. No quiere quedarse fuera tan fácil. Por ello se encuentran en permanente movilización, al punto que se movilizaron el domingo 6 de abril, por segunda vez en una semana. Jugadas políticas que los medios de comunicación masiva califican como similares a las del trumpismo.
Pero lamentablemente no sólo tuvo una ofensiva campaña de solidaridad por parte de sus amigos de espacio, sino que todo el arco político hasta la izquierda de Mélenchon han titubeado y hasta expresado su preocupación por la condena. Es así como el dirigente de La Francia Insumisa (La France Insoumise – LFI), Jean-Luc Mélenchon ha dicho que “la decisión de destituir a un cargo electo debería ser del pueblo”, explicando que “La Francia Insumisa nunca ha tenido como forma de actuar utilizar a los tribunales para deshacerse de Agrupación Nacional. La estamos combatiendo en las urnas y en las calles, a través de la movilización del pueblo francés”. Desconcertante posición.
Pero resulta que Libération, hace unos días, informaba que Jean-Luc Mélenchon estaba en el centro de una investigación judicial abierta en 2018. Un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude concluyó que se habían producido “irregularidades” por valor de 500.000 euros. Sin embargo, ni el líder de La France Insoumise (LFI) ni ninguna otra persona han sido acusados todavía en este procedimiento, cuyo resultado no es inevitablemente el de un juicio.
No sólo que políticamente está buscando protegerse de una eventual investigación, juicio y condena, sino que además en ese intento queda pegado a personajes de la extrema derecha como Éric Zemmour, de Reconquista, que defendió el derecho de Le Pen a presentarse a elecciones explicando también que «no le corresponde a los jueces decidir por quién debe votar el pueblo».
Una política revolucionaria contra los privilegios
En su editorial el NPA Révolutionnaires[1] expresó con justa claridad la necesidad de exigir la aplicación inmediata de la pena. Le Pen no debe presentarse a elecciones aunque muchos se llenen la boca denunciando que “la democracia está peligro”. Porque finalmente se acuerdan de la democracia cuando les conviene, sostienen está democracia mientras garantice sus ganancias y contenga la bronca de los trabajadores, pero en cuanto se hace inevitable tapar su corrupción y se les viene en contra, intentan por todos los medios escaparle. Jamás vimos “preocupado” a ninguno de estos personajes frente a la represión de la protesta social o el recorte presupuestario en salud y educación, ¿acaso eso no sería defender a la democracia también? ¡Hipócritas!
Para acabar con la corrupción creemos que es necesario avanzar hacia otro modelo: Hacer política no puede ser un camino hacia el enriquecimiento individual. Por eso los políticos deberían ganar como una directora de un establecimiento educativo; si deciden sobre lo público, tienen que utilizar lo público por ley, basta de atenderse en clínica privadas y enviar a sus hijos a escuelas privadas y la revocatoria de mandato como eje fundamental.
Vencer a la extrema derecha, ¿de la mano de la justicia corrupta?
Por último, sabemos que vencer a la extrema derecha es más complejo que una pena a través de esta justicia que deja libre a los violentos persigue migrantes y condena trabajadores que ejercen su derecho de organización sindical o de protesta. El carácter de clase de ésta justicia sólo va a cambiar cuando las y los trabajadores, nuestra clase, por la vía del poder político transformemos este sistema, y con él, todas las instituciones. Pero para esa tarea, la organización es clave. Construyámosla en las calles, en nuestros lugares de trabajo, en las facultades. Porque el mundo debe ser gobernado por quienes lo hacemos funcionar
[1]https://npa-revolutionnaires.org/marine-le-pen-se-prend-la-prison-ferme-quelle-reclame-pour-dautres/