En medio de la escalada de violencia que sacude al conurbano bonaerense y que afecta también a grandes ciudades del país, el gobierno logró sancionar el paquete de proyectos para combatir la inseguridad, uno de los ejes del gobierno de Javier Milei y que impulsa la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Dos de ellos van de la mano y apuntan a fortalecer la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico, uno de los pilares de la gestión del oficialismo que se jacta desde que asumió de haber bajado el crimen organizado en Rosario y de haber terminado con los piquetes.
«El que las hace las paga», «el orden público es sagrado» y «los buenos son los de azul y los malos son los que delinquen, los que roban y los que matan», son las frases que repite Milei desde que asumió y en las que se fundamenta el plan de Seguridad, con el que el gobierno aspira a cambiar el paradigma vigente hasta el momento en este tema.
Es que, la lucha contra la inseguridad, es uno de los reclamos más fuertes de la sociedad, sobre todo del electorado libertario.
Este tema cobra mayor fuerza en estos momentos, en los que la provincia de Buenos Aires registra fuertes índices de inseguridad con robos violentos, asesinatos y enfrentamientos armados, la mayoría de ellos con menores involucrados.
Se trata de un tiro por elevación al kirchnerismo y al gobierno de Axel Kicillof, al que el gobierno de Milei responsabiliza de haber convertido a la provincia de Buenos Aires en un «baño de sangre» y de defender la teoría de Zafaronni de escudarse en el garantismo.
Este paquete también incluyó otro tema vinculado a la inseguridad pero con ribetes políticos. Es el que establece el juicio en ausencia que tiene como objetivo juzgar a los acusados iraníes por el atentado a la AMIA. A través de esta iniciativa se podrá llevar a cabo el juicio sin presencia del acusado, ya sea porque está prófugo o no se lo puede localizar.
Ley Antimafia. ¿En qué consiste?
El proyecto de ley sobre el abordaje integral del crimen organizado, conocido como Ley Antimafia, busca incorporar mecanismos legales y procesales para combatir las organizaciones criminales en el país.
Esta iniciativa fue convertida en ley por 38 votos contempla la implementación de una pena más grave para aquellos que integren una organización. En ese caso, la pena por pertenecer a una asociación ilícita aumentaría de 8 a 20 años de prisión, dependiendo del rol del involucrado en la estructura criminal.
El proyecto introduce, además, la Zona Sujeta a Investigación Especial, una figura que permitiría agilizar investigaciones y procedimientos, facilitando así la coordinación entre las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales, tanto a nivel federal como provincial.
Al declararse una zona especial, las fuerzas de seguridad podrán realizar detenciones preventivas por hasta 48 horas y llevar a cabo acciones como allanamientos, incautaciones y requisas, bajo la autorización de la justicia correspondiente.
Otra de las herramientas que propone el texto es la extinción de dominio, que permitiría al Estado nacional confiscar bienes que estén bajo sospecha de haber sido adquiridos por actividades delictivas relacionadas con organizaciones criminales.
Reiterancia y reincidencia: ¿Se termina la puerta giratoria para los presos?
Casi al final de la sesión, la iniciativa fue aprobada en general por 67 votos en general y con el respaldo de la mayoría de los bloques, incluso del kirchnerismo que apoyó en general el texto del Ejecutivo.
De acuerdo al proyecto, la reiterancia consiste en «la imputación en una causa penal en forma coexistente con otro u otros procesos en los que la misma persona hubiera sido imputada».
La reincidencia, en tanto, se da cuando alguien haya cumplido, total o parcialmente, pena privativa de libertad impuesta por un tribunal del país y cometiere un nuevo delito punible también con esa clase de pena.
Con esto, se considera reincidente al que comete un nuevo delito luego de haber sido condenado por otro delito anteriormente.
De esta manera, se incorpora la reincidencia al Código Procesal Penal como un supuesto más para aplicar la prisión preventiva durante el proceso. La prisión preventiva es un mecanismo al que pueden recurrir los jueces para detener a un imputado que no tenga una condena firme.
Actualmente, una persona acusada en una causa penal debe atravesar el proceso en libertad. Sólo pueda ser encarcelado sin condena firme en 2 supuestos: el riesgo de fuga o el entorpecimiento de la investigación. El proyecto del Ejecutivo incorpora un tercer supuesto: la reiterancia.
Juicio en Ausencia.¿Qué propone el proyecto?
El proyecto fue aprobado por 45 votos de oficialistas, dialoguistas y de un sector del kirchnerismo, que volvió a dividirse al momento de la votación y contó con el rechazo de 22 legisladores
El juicio en ausencia permitirá juzgar a imputados que no se encuentran presente en el proceso. Para ello, el proyecto de ley busca modificar el Código Procesal Penal, aprobado por Ley Nº 23.984, y el Código Procesal Penal Federal.
Este criterio de juzgamiento será válido para delitos de lesa humanidad, terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. De esta forma, el Gobierno busca juzgar a los libaneses y iraníes que se encuentran prófugos en la causa por el atentado a la AMIA, que dejó 85 muertos.