Un relevamiento de Fundar sugiere que un eventual cierre de la compañía podría traer más problemas que beneficios al Gobierno. Los detalles
12/11/2024 – 17:52hs
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En pleno conflicto entre el Gobierno y los gremios aeronáuticos por Aerolíneas Argentinas, un grupo de especialistas advirtió la millonaria suma que le costaría al presidente Javier Milei la quiebra de la firma estatal.
Un análisis realizado por Fundar sugiere que la gestión libertaria debería mejorar la operación de la compañía, en lugar de venderla o dejársela a los empleados. Y señala que podría ser una vía para mejorar el turismo receptivo en una temporada alta.
Aerolíneas Argentinas: cuánto perderá el Gobierno si cierra la empresa
Ante un posible cierre de la empresa, el centro de investigación y diseño de políticas públicas indica que El Gobierno nacional debería afrontar un costo económico total de u$s7.614 millones.
«Creen que la única solución es presentar la quiebra y suponen que la aerolínea sería reemplazada por operadores privados. Es un argumento que se presenta desde el ‘pragmatismo’, repetido por quienes creen que ‘las cosas no van a cambiar'», señala, contundentemente, el estudio del think tank local.
Y añade que «enviarla a la quiebra tendrá costos en conectividad hasta que operadores privados la reemplacen, primero en las rutas más rentables y luego en todas. No se concreta de un día para el otro. Es difícil determinar el tiempo que tardarían, depende de factores como el contexto mundial del mercado, la disponibilidad global de aeronaves y el nivel de conflictividad gremial, entre otros aspectos». Por ese motivo, «no hay garantías de que se recupere la conectividad actual.
En esta línea, menciona que los aviones en leasing serían incluidos como parte de la quiebra y pasarían años hasta que otras compañías comiencen a operarlos.
La perdida de pasajeros, indemnizaciones y pasivos comerciales serían otras de las grandes pérdidas, que el oficialismo debería afrontar.
Al respecto, Gonzalo Guilardes, economista e investigador asociado de Fundar, sostuvo: «Privatizarla es la peor opción. Los resultados operativos de los últimos 10 años hacen que sea difícil imaginar que haya una empresa interesada en comprarla. Esto requiere aprobación legislativa: tenemos el antecedente de la Ley Bases, donde no hubo las mayorías necesarias, y esa realidad no parece haber cambiado. Plantear la privatización es un objetivo de poca probabilidad».