El Tribunal de Cuentas de Tucumán autorizó la adjudicación de la obra de restauración y adecuación de la ex Brigada de Investigaciones, con una inversión de $ 237 millones, para transformar el inmueble en un Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.
El Tribunal de Cuentas de Tucumán autorizó la adjudicación de la obra de restauración y adecuación de la ex Brigada de Investigaciones, el histórico edificio ubicado en la esquina de avenida Sarmiento y Muñecas, dentro del predio de la Legislatura provincial. La intervención demandará una inversión de $ 237 millones y tiene como objetivo transformar el inmueble en un Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, iniciativa impulsada por el vicegobernador Miguel Acevedo.
La aprobación quedó plasmada en el Acuerdo N° 1.997, firmado esta semana por el presidente del organismo de control, Miguel Chaibén Terraf, junto a los vocales Sergio Miguel Díaz Ricci y Marcelo Vidal. En ese marco, el Tribunal evaluó de manera preventiva el Decreto N° 1118-A/2026 emitido por la Legislatura y dio conformidad a la adjudicación de la obra denominada “Consolidación Estructural y Adecuación Interior – Ex Brigada de Investigaciones”, que será ejecutada por la empresa F & Asociados del arquitecto Fabio Eduardo Alvarado, ganadora de la Licitación Pública de Precios N° 01/2026.
El inmueble se encuentra protegido por la Ley Provincial N° 7.500 de Patrimonio Cultural y fue declarado Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos mediante la Ley N° 8.516. La decisión se fundamenta en el valor histórico del edificio, que durante la última dictadura militar funcionó como uno de los centros clandestinos de detención de la Policía de Tucumán.
De acuerdo con la documentación analizada por el Tribunal de Cuentas, la obra contempla tareas de consolidación estructural y adecuación interna destinadas a preservar la construcción y permitir su funcionamiento como un espacio institucional, educativo y cultural orientado a la investigación, difusión y preservación de la memoria histórica vinculada a las violaciones de derechos humanos ocurridas en la provincia.
Meses atrás, Acevedo había señalado que el proyecto busca fortalecer las políticas de memoria y promover el conocimiento sobre los hechos ocurridos durante períodos de interrupción democrática. El vicegobernador sostuvo que aún existen sectores de la sociedad que no dimensionan plenamente las consecuencias de la pérdida de las instituciones democráticas y remarcó la importancia de generar herramientas que eviten el olvido.
En ese sentido, destacó el trabajo que desarrolla la Comisión para la Preservación de la Memoria de los hechos vinculados al terrorismo de Estado en Tucumán, creada para impulsar acciones de investigación, documentación y difusión. “Muchas personas dieron su vida por la democracia que hoy disfrutamos y que muchas veces no valoramos en toda su dimensión”, expresó en su momento. También recordó que numerosos tucumanos debieron abandonar la provincia debido al cierre de fuentes laborales y sostuvo que el desafío actual es construir una provincia con desarrollo y empleo.
En los fundamentos del acuerdo, el Tribunal de Cuentas concluyó que el proceso licitatorio cumplió con todas las etapas previstas por la normativa vigente. Además, valoró la intervención de la Comisión Especial de Preadjudicación y el dictamen favorable emitido por la Asesoría Letrada de la Legislatura, que no realizó objeciones legales sobre la adjudicación.
Del mismo modo, el Departamento de Ingenieros Fiscales determinó que la propuesta presentada por la empresa adjudicataria cumplía con todas las exigencias técnicas establecidas en los pliegos licitatorios, por lo que tampoco formuló observaciones.
No obstante, el área contable del organismo efectuó una observación puntual vinculada al financiamiento de la obra. Los contadores fiscales advirtieron que se trata de un proyecto de ejecución plurianual y señalaron que la imputación presupuestaria prevista inicialmente deberá ser corregida. En particular, indicaron que la Legislatura tendrá que adecuar las previsiones presupuestarias considerando el plan de trabajo presentado por la empresa, los eventuales adicionales e imprevistos y las partidas necesarias para los próximos ejercicios fiscales.
Por esa razón, el Tribunal resolvió no objetar la adjudicación, aunque condicionó la plena ejecución del contrato al cumplimiento de esas adecuaciones presupuestarias. La verificación de esos requisitos quedará bajo la supervisión de la Delegación Fiscal destacada en la Legislatura.
La puesta en valor del inmueble se enmarca además en la creación, durante marzo de este año, de la Comisión para la Preservación de la Memoria, organismo impulsado por la Presidencia de la Legislatura con la finalidad de promover políticas públicas orientadas a la conservación de la memoria histórica vinculada a las violaciones de derechos humanos registradas en Tucumán.
La comisión está integrada por representantes de distintos organismos e instituciones. Participan Mario Racedo por la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia; Sonia Inés Varela en representación del Ministerio de Educación; Marcela García Mottes por el Ente Cultural de Tucumán; Daniel Posse por el Poder Judicial; Julia Saldaño por la Universidad Nacional de Tucumán; Raquel Estela Zurita por la Fundación Memoria e Identidades; Alba Lilian Reynaga por la Asociación de Ex Presos Políticos; y los legisladores Gabriel Yedlin y José Cano.
Al momento de la conformación del espacio, Yedlin explicó que la iniciativa busca dar cumplimiento a la Ley N° 9.867 y consolidar institucionalmente el sitio de memoria que funcionará en el edificio de la ex Brigada de Investigaciones. También adelantó que la agenda de trabajo contempla investigaciones académicas y científicas, exposiciones, muestras y recorridos por lugares históricos vinculados al terrorismo de Estado.
Por su parte, Mario Racedo destacó que la creación de este ámbito representa una herramienta para preservar la memoria colectiva y combatir discursos negacionistas mediante la difusión de investigaciones judiciales y científicas respaldadas por evidencia documental.
Con la aprobación de la adjudicación y el inicio de las adecuaciones presupuestarias exigidas por el Tribunal de Cuentas, Tucumán dio un nuevo paso para transformar uno de los símbolos más oscuros de la última dictadura en un espacio destinado a la memoria, la educación y la defensa de los derechos humanos.