La justicia tucumana investiga a los abogados Alfredo Aydar y Silvia Aydar por el presunto desapoderamiento de bienes de una joven de 21 años, a quien representaban legalmente tras un abuso sexual. La causa incluye allanamientos y secuestro de material digital.
En la justicia tucumana se presentó una denuncia contra los abogados Alfredo Aydar y Silvia Aydar, acusados de desapoderar de sus bienes a una joven de 21 años, a quien representaban legalmente tras haber sido víctima de abuso sexual. Por razones de seguridad y para evitar su revictimización, la justicia dispuso la estricta reserva de identidad de la denunciante, según informó El Ancasti.
El expediente está caratulado como “Aydar Alfredo y otro s/ estafa, retención indebida y administración fraudulenta agravada” (Legajo N° S-043913/2026) y se encuentra bajo la órbita del fiscal Carlos Saltor, titular de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos N° 4.
El letrado Alfredo Aydar adquirió relevancia mediática al constituirse como querellante en la megacausa “Adhemar Bacchiani s/ estafa”, vinculada a un esquema Ponzi con criptomonedas. Allí, Aydar asumió la representación de cientos de damnificados bajo la promesa de recuperar los capitales invertidos.
De acuerdo con la investigación, la víctima había obtenido una reparación integral del daño en el marco de la causa penal “Coronel José Luis s/ abuso sexual”. Dicho acuerdo incluyó la entrega de una camioneta Ford Ranger 4×4 modelo 2023, valuada en unos 50 millones de pesos. Meses más tarde, el vehículo supuestamente fue vendido por 33,5 millones de pesos a Gastón Gatti, un allegado a Alfredo Aydar. Según la denuncia ratificada ante la Fiscalía, en ese momento comenzó la presunta maniobra para quedarse con el dinero.
La denunciante relató que Alfredo Aydar le aseguró que el sistema financiero no era seguro y que “podía volver el corralito”, desaconsejándole depositar los fondos en un banco. Asimismo, argumentando que la joven residía en Villa Amalia, el letrado le habría advertido que corría riesgo de sufrir robos o presiones del entorno del abusador. “Estas afirmaciones no constituyeron simples consejos profesionales, sino un mecanismo para infundir temor, generar dependencia y convencerla de entregar el control absoluto de su patrimonio a los hermanos Aydar”, detalla la presentación judicial.
Uno de los puntos de la acusación radica en el destino que los letrados le dieron a los fondos bajo la pantalla de colocaciones financieras. La causa incorpora audios y chats de WhatsApp donde Alfredo Aydar reconoce haber colocado el dinero de la víctima en supuestos préstamos a terceros en Santiago del Estero, prometiendo un interés mensual del 2,5%. Sin embargo, la auditoría preliminar indicó que en estas operaciones no existen nombres de los tomadores, domicilios, garantías ni contratos que respalden el movimiento del capital. Todo se realizó sin autorización escrita de la víctima.
Debido a la naturaleza de estas maniobras, el caso abre una nueva línea de análisis legal. “Fuentes judiciales aclaran que la Justicia Federal podría investigar de forma independiente el presunto delito de intermediación financiera no autorizada, sin que esto desplace la investigación por estafa, retención indebida y administración fraudulenta que lleva adelante la provincia”, publicó El Ancasti.
En paralelo, los abogados supuestamente justificaron la retención de otras sumas bajo el argumento de haber presentado más de 100 escritos judiciales, pretendiendo cobrar 650.000 pesos por cada presentación. La denunciante afirma que nunca existió un convenio de honorarios, presupuestos ni rendición de cuentas.
La justicia tucumana dispuso que la causa se tramite bajo perspectiva de género, debido a la asimetría de poder entre las partes. La víctima tiene 21 años, carece de conocimientos jurídicos, se encuentra desempleada y es madre de un bebé de dos meses. El dinero de la indemnización representaba su único sustento.
En el marco de las pesquisas, la jueza del Colegio de Jueces, Dra. Cintia Rocha, autorizó medidas de coerción solicitadas por el fiscal Saltor. Se realizaron allanamientos en un estudio jurídico y un domicilio particular, con secuestro de teléfonos celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento y documentación digital y en papel, material que está siendo peritado.