Miguel Cabrera y Virginia Abdala, decanos de Ciencias Exactas y de Ciencias Naturales, presentaron una nueva denuncia judicial ante el Juzgado Federal Nº 2 para que se cumpla la medida cautelar de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán que los habilita como única fórmula para el Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) en el período 2026-2030.
El próximo jueves 28 de mayo cesa el mandato del actual rector de la UNT, Sergio Pagani. Ese día, según los artículos 189 y 192 del Estatuto de la UNT, las nuevas autoridades deben jurar en la segunda quincena de mayo. La fórmula compuesta por Miguel Ángel Cabrera y Virginia Abdala, decanos de Ciencias Exactas y de Ciencias Naturales, sostiene que es la única habilitada tras el fallo de la Cámara Federal del 15 de mayo, que suspendió la candidatura de Pagani por aspirar a un tercer mandato consecutivo.
El apoderado Manuel Gonzalo Casas presentó este sábado 24 de mayo ante el Juzgado Federal Nº 2 la tercera denuncia formal por incumplimiento de la medida cautelar. Según el escrito, la Junta Electoral de la UNT, presidida por Fernando Valdez, y el Consejo Superior, aún sin constituir formalmente, habrían extendido la suspensión a todas las fórmulas, incluida la habilitada, y reprogramaron la Asamblea Universitaria para el 10 de junio, trece días después del vencimiento del mandato de Pagani.
La cautelar, dictada por mayoría de 4 contra 1 por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, ordenó que la UNT se abstenga de receptar, tramitar, acreditar, exhibir y oficializar fórmulas para el Rectorado con candidatos que hayan cumplido dos mandatos consecutivos. En el momento del fallo, la única fórmula en esa situación era la de Pagani y Mercedes Leal. La medida no incluía la suspensión de la Asamblea Universitaria ni la detención del resto del cronograma electoral.
La Junta Electoral, mediante las resoluciones RES-JE-5763/2026 y RES-JE-5766/2026 del 18 de mayo, suspendió provisoriamente todos los trámites vinculados a candidaturas para Rector y Vicerrector, y aplazó la convocatoria a la Asamblea Universitaria. Posteriormente, el Consejo Superior, en una sesión del 19 de mayo presidida por Pagani, ratificó esas medidas mediante la Resolución RES-DGAC-5896/2026 y reprogramó la Asamblea para el 10 de junio. Los abogados de Cabrera y Abdala calificaron ese cuerpo como “aún inexistente”, ya que el nuevo Consejo Superior se constituirá recién el 28 de mayo.
El 18 de mayo, Cabrera y Abdala presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal Federal contra los tres integrantes de la Junta Electoral: Fernando Valdez, Ángeles Igarzábal y Luis Alberto López Fernández, por presunta desobediencia a la autoridad judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículos 239 y 248 del Código Penal).
El 22 de mayo, la abogada Rocío Nazarena Barbieri presentó un “pronto despacho sui generi” para que el juez federal Guillermo Andrés Díaz Martínez dicte sentencia de fondo antes del 28 de mayo. El escrito señala que, en cinco oportunidades previas (2, 17 y 31 de marzo; 28 y 29 de abril), se solicitó la habilitación de días y horas inhábiles sin obtener respuesta. La tercera denuncia, del 24 de mayo, describe un “retardo de justicia” y una “sentencia contra legem” en primera instancia.
El petitorio de los escritos solicita que el juez tome nota del incumplimiento, exhorte a la UNT a revocar las resoluciones cuestionadas, imponga sanciones por desobediencia judicial y habilite días y horas inhábiles para tramitar el asunto. El objetivo es que la fórmula Cabrera-Abdala sea proclamada y jure el 28 de mayo.
El Estatuto de la UNT, en sus artículos 189 y 192, establece que los mandatos del rector y vicerrector vencen en la segunda quincena de mayo de 2026 y que las nuevas autoridades deben ser electas en el mismo período. No contempla mecanismos de prórroga. Si la Asamblea no se celebra antes del 28 de mayo, la UNT entraría en acefalía institucional.
El camarista Mario Rodolfo Leal, en su voto en disidencia del 15 de mayo, sostuvo que la Resolución JE 5370/2026, que habilitó la candidatura de Pagani, gozaba de presunción de legitimidad y que el cauce procesal idóneo era el recurso directo del artículo 32 de la Ley de Educación Superior ante la propia Cámara Federal.
El expediente se encuentra en primera instancia, a cargo del juez Díaz Martínez. La Cámara Federal se quedó únicamente con el recurso de nulidad presentado por el apoderado de la UNT, Jorge Chehín. Los recursos no suspenden la ejecutoriedad de las medidas cautelares, según señaló Casas en su presentación.