El bloque peronista del Concejo Deliberante respaldó a la administración municipal tras la denuncia penal presentada contra cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla.
El bloque peronista del Concejo Deliberante respaldó a la administración municipal, conducida por Rossana Chahla, tras la denuncia penal presentada contra cinco funcionarios de su gabinete. “Su único objetivo es intentar desprestigiar la imagen de una gestión transparente, íntegra y profundamente comprometida con los vecinos”, afirmaron.
La bancada Peronismo de la Capital, presidida por Ernesto Nagle, reaccionó a la demanda impulsada por la concejala Ana González (Partido por la Justicia Social) asegurando que el alfarismo busca “posicionarse mediáticamente” con “acusaciones falsas y maliciosas”, en contraste con “otros concejales que constantemente buscan cómo gestionar para los vecinos de nuestra ciudad, sin importar el bloque al que pertenezcan”.
El mensaje lleva la firma de los ocho concejales oficialistas del cuerpo: además de Nagle, el aval llegó de Fernando Juri (presidente del Concejo), José María Franco, Hugo Andina Lizárraga, Emiliano Vargas Aignasse, Facundo Vargas Aignasse, Eduardo Molina y Gonzalo Carrillo Leito.
Los ediles defendieron que la gestión se encuentra sometida a auditorías permanentes y procesos de mejora continua, con reconocimientos propios de -por ejemplo- Bloomberg Philanthropies, la Red de Innovación Local (RIL) y normas IRAM. También mencionaron las herramientas de “transparencia activa” como el portal de datos abiertos, el Boletín Oficial (BO) digital y la publicación de información institucional.
El bloque del PJ apuntó contra la parte demandante: “estos concejales ávidos de presentar denuncias con interés electoral no piensan la política como una herramienta de servicio a los vecinos y vecinas, sino como un mecanismo para construir proyectos personales buscando espacios en los medios de comunicación”.
Además del comunicado conjunto, un grupo de concejales se expidió de forma individual. Nagle apuntó contra González y remarcó que “al fijar su postura queriendo ser querellante ya está indicando que no piensa en la política de gestión, sino sólo en su instalación personal en los medios”.
En tanto, Carrillo Leito aseguró que las contrataciones directas fueron validadas en el marco de la emergencia ambiental. “Todo lo que la actual gestión lleva adelante es una situación crítica producto de todo lo que antes no se hizo”, declaró.
El concejal Cristian Abel (Acción Vecinal) sostuvo que las demandas “no son más que operaciones políticas que solo buscan el desprestigio de la gestión actual, que viene siendo distinta y comprometida con el bienestar vecinal”.
En otras oportunidades, también se expresaron Franco, que aseguró que en la denuncia “hay muchas cosas que son falsas”; Facundo Vargas Aignasse, que planteó que “hay mucha puesta en escena y poca honestidad política”; y Emiliano Vargas Aignasse, que señaló que se trata de “denuncias mediáticas con más intención política que sustento jurídico”.
Por su parte, el ex concejal y ahora miembro del gabinete municipal, Carlos Arnedo, pidió evitar especulaciones políticas en el caso. “No corresponde prejuzgar ni utilizar denuncias judiciales para generar operaciones políticas. Lo importante es que se investigue con profundidad y que se esclarezca cada situación”, resaltó el secretario de Movilidad Urbana.