Los responsables de las áreas técnicas y jurídicas del organismo emitieron un comunicado en respuesta al pedido de juicio político presentado por tres periodistas del medio ‘Enterate Noticias’, cuyo dueño es el diputado nacional Carlos Cisneros. Desde el Tribunal de Cuentas sostienen que el control sobre la obra pública fue riguroso, que no se autorizó ningún pago y que las acusaciones se basan en afirmaciones falsas.
Los jefes de las distintas áreas del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tucumán —incluyendo Secretaría General, Contadores e Ingenieros Fiscales y Asesoría Jurídica— hicieron público su repudio al pedido de juicio político contra el presidente del organismo, Miguel Chaibén Terraf. La denuncia fue presentada el 18 de mayo por los periodistas Roque Galeano, Martín Faciano y Mauricio Formoso, que trabajan en el medio cuyo dueño es el diputado nacional Carlos Cisneros. Los empleados del jefe sindical de la Asociación Bancaria cuestionaron el accionar del Tribunal respecto a una obra en el establecimiento socioeducativo “San José Gabriel del Rosario Brochero”.
Desde el Tribunal de Cuentas calificaron la presentación como un «nuevo episodio de una campaña sostenida de desinformación» y aseguraron que las imputaciones se apoyan en fuentes anónimas y datos inexactos. En respuesta al cuestionamiento central sobre la falta de control preventivo, los jefes de área explicaron que la modalidad de control (previo o posterior) depende del momento en que el expediente ingresa al organismo.
En el caso específico de la obra ejecutada por la firma HAGA UTE, los trabajos se realizaron entre enero y marzo de 2026, pero el decreto del Poder Ejecutivo recién ingresó al Tribunal a fines de abril. Por este motivo, el organismo aplicó el control posterior, tal como establece la Ley N° 6.970, y dictó el Acuerdo N° 1448 para responsabilizar al Ministerio de Obras Públicas por la solución técnica del proyecto.
Según la denuncia periodística, Terraf habría sugerido al Poder Ejecutivo utilizar un decreto convalidatorio para «regularizar» la obra. Los jefes de área desmintieron categóricamente esta versión, señalando que la vía de la convalidación fue una decisión analizada y recomendada por los órganos internos del Poder Ejecutivo, incluyendo la Asesoría Letrada, la Contaduría General y la Fiscalía de Estado, antes de la intervención del Tribunal.
Asimismo, el comunicado aclara que, lejos de haber aprobado el gasto de más de 294 millones de pesos, el Tribunal de Cuentas condicionó el pago, exigiendo documentación faltante y correcciones en los decretos. Mediante acuerdos firmados este mes, se advirtió expresamente que la orden de pago no puede ejecutarse hasta que no se cumplan todos los recaudos legales y estándares socioeducativos.
Finalmente, los funcionarios subrayaron el carácter colegiado del Tribunal de Cuentas. Destacaron que todas las decisiones y acuerdos llevan la firma de sus tres miembros —Terraf, Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal— y cuentan con la intervención previa de las áreas técnicas que ahora suscriben el documento.
El comunicado cuenta con la firma de los ocho jefes de área: C.P.N. Atilio José Peluffo, C.P.N. Santiago Domingo de Prada, C.P.N. Patricia Fernández, Dr. Miguel Ángel Hael, Dr. Cesar Alonso Larrabure, Dr. Ramiro González Navarro, Dr. Agustín Gollan y el Ing. Augusto López Fernández Murga.