La intervención de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán anuló la designación de José César Díaz en la planta permanente, luego de que el Tribunal de Cuentas declarara la nulidad absoluta del acto administrativo por vicios en sus elementos esenciales.
La intervención de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán dejó sin efecto el nombramiento de José César Díaz en la planta permanente del organismo, luego de que el Tribunal de Cuentas de la Provincia declarara la nulidad absoluta de esa designación.
La medida fue adoptada mediante la Resolución de Intervención N° 339/26, fechada el 19 de mayo. Esa disposición anuló la Resolución N° 494/23, del 21 de junio de 2023, por la cual Díaz había sido incorporado al cargo de Subgerente General Adscripto, Nivel 3.
La decisión de la intervención se produjo después del Acuerdo N° 1348 del Tribunal de Cuentas, firmado el 29 de abril, que había declarado la nulidad absoluta del nombramiento por considerar que el acto administrativo presentaba vicios graves en sus elementos esenciales.
Según los fundamentos administrativos, la designación de Díaz fue objetada por dos aspectos principales: la falta de competencia de quien firmó el nombramiento y la finalidad del acto. El Tribunal de Cuentas había advertido que la resolución fue suscripta por Hugo Ledesma, quien no habría tenido facultades suficientes para adoptar esa decisión.
Además, el organismo de control consideró que el nombramiento no respondía a una necesidad institucional de la Caja Popular, sino que habría tenido como efecto asegurarle a Díaz un cargo permanente dentro de la estructura administrativa.
La resolución de la intervención recogió esos planteos y declaró la nulidad absoluta e insanable del acto. De esta manera, el cargo que había sido otorgado a Díaz quedó sin efecto en el ámbito de la Caja Popular.
El caso también continúa bajo análisis administrativo. El Tribunal de Cuentas ordenó la apertura de actuaciones para determinar si existieron responsabilidades administrativas o patrimoniales derivadas de la designación.
A su vez, mediante los Acuerdos N° 1708 y N° 1709, el organismo dispuso comprobaciones sumariales vinculadas con posibles irregularidades en el cobro de haberes durante licencias médicas otorgadas a Díaz y a Patricia Neme, funcionaria del área jurídica de la Caja Popular.
De acuerdo con esas actuaciones, se busca establecer si los haberes abonados durante esos períodos se ajustaron a la normativa vigente y si existió o no un perjuicio para el Estado provincial.
En el caso de Díaz, las actuaciones mencionan una licencia por enfermedad de largo tratamiento entre el 25 de marzo y el 15 de mayo. En el caso de Neme, se consigna una licencia de características similares iniciada el 3 de marzo.
El Tribunal de Cuentas también notificó al Colegio de Abogados para que intervenga en lo relativo al ejercicio profesional durante esos períodos, en caso de corresponder.
Tras la resolución de la intervención, el expediente queda abierto en distintos frentes administrativos: la revisión interna de la Caja Popular, las actuaciones del Tribunal de Cuentas y las eventuales medidas que puedan adoptar los organismos profesionales o judiciales competentes.
La nulidad dispuesta no implica por sí misma una responsabilidad penal, sino una decisión administrativa sobre la validez del nombramiento. Las responsabilidades que pudieran corresponder deberán definirse en las actuaciones en trámite.