Un afiliado radicó una denuncia ante la Justicia Federal de Tucumán contra el presidente y otros directivos de la Obra Social del Personal de la Industria Azucarera, por presuntos delitos de malversación, asociación ilícita y lavado de activos, entre otros.
La Obra Social del Personal de la Industria Azucarera (OSPIA) es objeto de una denuncia presentada ante la Justicia Federal de Tucumán. El afiliado José Manuel Quesada acusó a las autoridades de la entidad de presunta administración fraudulenta, malversación de fondos de la seguridad social, asociación ilícita y lavado de activos.
La presentación fue realizada por Quesada, quien solicitó la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) y reclamó la apertura de una investigación penal preparatoria contra el presidente de OSPIA, Juan Ramón Correa; el tesorero Carlos Castillo; y otros integrantes de la conducción y familiares de los directivos.
Según la denuncia, desde 2021 se habría desarrollado un mecanismo sistemático de desvío de fondos provenientes de aportes de los trabajadores azucareros hacia circuitos privados y empresas presuntamente vinculadas a familiares y allegados de los directivos de la obra social.
La acusación menciona presuntas maniobras de sobrefacturación en prestaciones médicas, utilización de proveedores “pantalla”, extracción de dinero en efectivo, pagos sin respaldo documental y movimientos patrimoniales incompatibles con los ingresos declarados por los acusados.
Entre los puntos señalados, Quesada afirmó que en el área de discapacidad “se produjo de forma unilateral la desafiliación de beneficiarios electrodependientes o postrados” debido al costo que representaban para la obra social. Además, sostuvo que desde la llegada de la nueva conducción “el monto de facturación por carpetas de integración creció de manera meteórica”.
La presentación judicial también advierte sobre supuestos incumplimientos sistemáticos en la cobertura de medicamentos de alto costo, cirugías y tratamientos incluidos dentro del Programa Médico Obligatorio (PMO). El denunciante aseguró que numerosos afiliados debieron recurrir a amparos judiciales para obtener prestaciones básicas y denunció reiteradas demoras en la entrega de medicación oncológica y tratamientos crónicos.
En uno de los apartados de la denuncia se describe un presunto esquema de facturación apócrifa mediante empresas que habrían sido creadas o utilizadas para emitir comprobantes por servicios e insumos médicos. Allí se menciona especialmente a firmas vinculadas a ortopedia y prestaciones traumatológicas, las cuales habrían concentrado contrataciones millonarias de la obra social.
El documento sostiene además que parte de los fondos presuntamente desviados habrían terminado volcados a bienes personales y operaciones inmobiliarias. En ese contexto, el denunciante pidió investigar el patrimonio de Juan Correa y de integrantes de su entorno familiar. La denuncia menciona una vivienda en Tafí del Valle, departamentos en Barrio Norte y vehículos de alta gama, cuya adquisición —según el escrito— no guardaría relación con los ingresos declarados.
También se solicita el levantamiento del secreto bancario de los denunciados, el análisis de transferencias financieras, la revisión de cuentas corrientes y cajas de seguridad, además de auditorías sobre contrataciones realizadas por OSPIA desde 2021 hasta la actualidad.
La denuncia involucra además a empleados administrativos, miembros del Consejo Directivo, prestadores médicos y familiares de los directivos de la obra social, quienes habrían participado —según el escrito— en maniobras de triangulación de fondos y emisión de órdenes de pago vinculadas a prestaciones cuestionadas.
Quesada pidió que la Justicia Federal avance con medidas urgentes para evitar una eventual desaparición de pruebas y reclamó el secuestro de documentación contable y administrativa de la entidad. En el escrito presentado ante la UIF se solicita además la inhibición de bienes de los denunciados y la apertura de reportes de operaciones sospechosas por posible lavado de activos.
Hasta el momento, las autoridades de OSPIA no realizaron declaraciones públicas sobre la denuncia presentada en los tribunales federales.