El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad se presentó ante el juez Lijo en una nueva etapa de la investigación que involucra a 35 imputados por supuestas irregularidades en contrataciones de medicamentos e insumos.
Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se presentó este martes en los tribunales de Comodoro Py para declarar en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción dentro del organismo. La Justicia inició una nueva ronda de indagatorias que se extenderá hasta fines de mayo y alcanzará a 35 imputados.
El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi encabezaron el inicio de esta segunda tanda de declaraciones. Spagnuolo fue convocado para ampliar su indagatoria, ya que se encuentra procesado junto a otros acusados, aunque esa decisión aún es revisada por la Cámara Federal porteña. Tras su presentación, también debía declarar Daniel María Garbellini, quien fue su segundo en el organismo.
Según la investigación impulsada por la fiscalía y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), los imputados habrían integrado una asociación ilícita destinada a manipular procesos de contratación pública dentro de la ANDIS para beneficiar a empresas proveedoras previamente seleccionadas. La causa apunta especialmente a la compra de medicamentos de alto costo e insumos médicos vinculados a amputaciones, cardiología, audífonos, implantes cocleares, neurología, traumatología y otros tratamientos de alta complejidad.
Uno de los puntos centrales del expediente es el uso presuntamente direccionado del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), implementado en la ANDIS en junio de 2024. Según los fiscales, este sistema habría sido utilizado para canalizar compulsas de precios manipuladas, favoreciendo a droguerías y empresas proveedoras vinculadas a la estructura investigada. Entre las firmas mencionadas aparecen Profarma S.A., Génesis S.A., Floresta S.A. y New Farma S.A., que habrían concentrado gran parte de las licitaciones millonarias.
El juez Lijo ordenó la inhibición general de bienes sobre los involucrados y sobre las empresas bajo investigación, con el objetivo de evitar movimientos patrimoniales que puedan dificultar una eventual recuperación de activos. La causa ANDIS es uno de los expedientes judiciales más delicados de la actual gestión nacional y podría escalar aún más a medida que avancen las declaraciones y se profundice el análisis de las pruebas recolectadas.