La Junta de Evaluación de Discapacidad recorre distintas localidades para realizar evaluaciones, asesorar y gestionar el trámite del certificado, garantizando el acceso a derechos y prestaciones.
El Ministerio de Salud Pública de Tucumán continúa con el despliegue territorial de la Junta de Evaluación de Discapacidad, una estrategia que busca garantizar el acceso a derechos en distintos puntos del interior. La directora del organismo, Hortensia Juárez, destacó la importante convocatoria registrada en cada una de las localidades visitadas.
“Nuestro objetivo es asesorar, orientar y garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a los beneficios que les corresponden a través del Certificado Único de Discapacidad”, expresó Juárez. Explicó que el certificado se enmarca en leyes nacionales que contemplan prestaciones como rehabilitación, acceso a medicamentos, estimulación temprana e integración escolar.
Actualmente, los equipos trabajan en la localidad de Taco Ralo junto al Hospital Móvil, en un abordaje conjunto que permite brindar atención integral. Previamente, la Junta estuvo presente en Quilmes y Los Sueldos, y continuará su recorrido por Monteros, Siete de Abril, Concepción, Tafí del Valle y Amaicha del Valle, entre otros destinos, en una planificación articulada con municipios y comunas.
Además de las evaluaciones, se desarrollan instancias de capacitación y charlas informativas destinadas tanto a la comunidad como a agentes locales, con el objetivo de fortalecer el conocimiento sobre los requisitos, alcances y beneficios del certificado. “Es fundamental que las personas sepan cuáles son sus derechos y cómo acceder a ellos”, afirmó la funcionaria.
Asimismo, indicó que la Junta también lleva adelante tareas de auditoría y habilitación de centros que brindan atención a personas con discapacidad, garantizando estándares de calidad en las prestaciones. Estas acciones se complementan con la atención permanente en la sede central y con salidas programadas en todo el territorio.
Desde la cartera sanitaria se enfatiza que esta política pública tiene como eje la prevención de barreras de acceso y la promoción de la inclusión social, acercando servicios esenciales a cada comunidad.