El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó la aplicación estricta de un decreto que prevé sanciones severas, incluyendo expulsiones y acciones legales, para quienes realicen pintadas intimidatorias en establecimientos educativos.
El gobernador Osvaldo Jaldo reafirmó este viernes que el decreto provincial para enfrentar amenazas en escuelas «se va a cumplir a rajatabla». La medida surge en un contexto de preocupación por pintadas intimidatorias detectadas en baños de establecimientos educativos públicos y privados de la provincia.
El Decreto N.º 772/7 M.S. refuerza las acciones de prevención, control y sanción ante situaciones de violencia escolar. Incluso contempla la expulsión y aprehensión de alumnos involucrados, con posible traslado al Instituto Padre Brochero, en Benjamín Paz. También establece la responsabilidad de padres y tutores, y advierte sanciones a instituciones que no garanticen el cuidado de los estudiantes.
En sus declaraciones, Jaldo sostuvo que el fenómeno «no es exclusivo de Tucumán» y que se trata de una problemática que también se registra a nivel nacional e internacional. Sin embargo, remarcó que su gestión debe «hacerse cargo» de la situación local. «Entendemos que tanto los padres como las autoridades de educación tienen que colaborar en esta situación, y el Gobierno de Tucumán tiene que poner orden y límites», señaló.
El Primer Mandatario calificó las acciones como «amenazas de tiroteos» y recordó que «las amenazas son un delito». Advirtió que, más allá de los abordajes desde la salud mental, el objetivo central es que estos episodios «no sigan sucediendo» en la provincia.
En esa línea, el Gobernador hizo referencia al caso reciente en Yerba Buena, donde un alumno de 13 años reconoció su responsabilidad en una amenaza. «Es muy importante que el chiquito haya reconocido y haya pedido disculpas, pero la pregunta es si hay muchos chiquitos de esos en Tucumán, con el perdón no es suficiente», valoró.
Finalmente, Jaldo aseguró que «aquellos que cometan delito y se lo detecte, ya sean los docentes, la policía, la mamá o el papá, van a ser puestos a disposición de la justicia». Y concluyó: «Vamos a actuar con todo el peso de la ley, porque el daño que se está haciendo en los establecimientos educativos es muy grande».
