El gobernador Osvaldo Jaldo anunció la aplicación estricta de un decreto que refuerza la seguridad escolar, tras registrarse al menos 15 denuncias por pintadas amenazantes en establecimientos educativos de la provincia.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se refirió a la proliferación de amenazas de tiroteos en escuelas de la provincia y anunció la aplicación en un 100% del Decreto N° 772/7 del Ministerio de Seguridad, firmado esta semana. La normativa instruye a la cartera de Seguridad y a la Policía a intensificar acciones preventivas, de disuasión e intervención dentro y fuera de los establecimientos educativos.
En diálogo con La Gaceta, el mandatario provincial afirmó: «No vamos a seguir tolerando este tipo de acciones por parte de los estudiantes; hay que ponerles límites a los chicos y eso es aplicar el 100% del decreto del Poder Ejecutivo». Jaldo calificó estas acciones como un delito y sostuvo que deben recibir todo el peso de la ley.
El decreto contempla, entre otras medidas, la expulsión y aprehensión de alumnos involucrados, con eventual traslado al Instituto Padre Brochero, en Benjamín Paz. Además, establece la responsabilidad de padres y tutores por la conducta de los menores y advierte que las instituciones podrían perder subsidios si no garantizan el cuidado de los estudiantes.
Jaldo planteó un abordaje integral de la situación: «Los padres tienen que hacerse cargo, los docentes acompañar y el Gobierno poner límites». Si bien consideró válido el trabajo de los gabinetes pedagógicos, fue crítico sobre su efectividad actual: «Todas las medidas de contención son importantes, pero hay que ver cómo se venía trabajando. Claramente no está funcionando».
Según precisó el gobernador, hasta el momento se registraron al menos 15 denuncias en diferentes instituciones de la provincia por pintadas amenazantes en los baños. «Los responsables tienen que ser juzgados por la Justicia y llevados a Cura Brochero. Y los docentes, si no denuncian, se convierten en cómplices», enfatizó.
Jaldo también se refirió a un caso reciente en Yerba Buena, donde un alumno de 13 años confesó haber realizado una amenaza, y consideró que el colegio debe evaluar la expulsión. Al concluir, adelantó que se reforzará la presencia policial en las escuelas donde se detectaron amenazas, especialmente en aquellas consideradas de mayor riesgo, pudiendo los uniformados recorrer los establecimientos junto a las autoridades educativas para prevenir nuevos episodios.