La provincia del Chaco se encuentra inmersa en un debate legislativo para dotar al sistema educativo de herramientas más contundentes contra el acoso entre pares. Dos propuestas de ley, presentadas por diputadas de distintos bloques, apuntan a crear marcos normativos específicos que involucren de manera directa a los adultos responsables y a las escuelas.
Corresponsabilidad de las familias
Uno de los proyectos, impulsado por la diputada Maida With, propone la creación de un Régimen de Corresponsabilidad Parental. Este esquema obligaría a madres, padres o tutores a participar activamente en procesos de seguimiento y orientación cuando se detecten casos reiterados de acoso protagonizados por sus hijos. La normativa establece una escala de medidas que van desde advertencias formales y talleres obligatorios hasta la imposición de sanciones económicas, aplicables solo ante la omisión comprobada del deber de cuidado.
Obligaciones para las instituciones educativas
En paralelo, la iniciativa de la legisladora Elda Insaurralde busca instaurar un régimen integral contra el bullying y el ciberbullying. El proyecto impone obligaciones concretas a todas las escuelas, públicas y privadas. Entre los puntos centrales, se exige la implementación de protocolos de actuación, el registro formal de todas las denuncias y la designación de referentes específicos dentro de cada establecimiento.
Plazos estrictos y un registro provincial
La propuesta fija plazos perentorios para la intervención: las instituciones deberán actuar dentro de las 24 horas posteriores a una denuncia y reportar el caso al Ministerio de Educación provincial en un máximo de 72 horas. Además, contempla la creación de un Registro Provincial de Casos, una herramienta estadística clave para el diseño de políticas públicas. Las sanciones por incumplimiento incluyen multas para colegios privados y medidas administrativas para los públicos.
Un contexto que impulsa el cambio
El avance de estas leyes se produce en un clima de fuerte conmoción social tras el fallecimiento de Fernanda Almada, una adolescente chaqueña. Su caso puso en evidencia las fallas en los mecanismos de detección y contención, ya que existían denuncias previas de hostigamiento que, según la familia, no fueron abordadas con la celeridad y eficacia necesarias. Las movilizaciones y el reclamo público consiguieron colocar la urgencia del tema en la agenda política.
Ambos proyectos coinciden en principios fundamentales: la prohibición de medidas revictimizantes, como el traslado del estudiante acosado; la separación inmediata entre las partes en conflicto; y la provisión de asistencia psicológica. También se propone la posibilidad de reclamar responsabilidades sin límite de tiempo cuando las víctimas sean menores de edad. El objetivo final es transformar un marco reactivo en uno preventivo, con respuestas concretas y coordinadas del Estado.