En el marco de la investigación por el viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval, el juez federal Ariel Lijo dispuso una serie de medidas para recabar documentación clave. La pesquisa judicial busca determinar si existen irregularidades en el financiamiento del viaje y en la relación comercial entre el funcionario y el periodista Marcelo Grandío, dueño de la productora Imhouse S.A.
Documentación requerida a medios y empresas
El magistrado emitió órdenes de presentación con allanamiento en subsidio dirigidas a la Televisión Pública, solicitando todos los contratos o convenios que mantenga con la productora Imhouse S.A. o con el propio Grandío. Paralelamente, requirió a la Oficina Nacional de Contrataciones que informe sobre cualquier acuerdo registrado con dichas partes.
En el ámbito aeronáutico, el juez Lijo pidió a la empresa Alpha Centauri S.A. toda la documentación comercial, contable y bancaria relacionada con el vuelo realizado en un avión Honda Jet (matrícula LVHWA) entre San Fernando y Punta del Este, entre el 12 y el 17 de febrero. Se solicitan específicamente presupuestos, contratos, registros de comunicación y detalles sobre quién solicitó el servicio.
El foco en el financiamiento del viaje
La investigación profundiza en el origen de los fondos para el viaje. Grandío declaró haber pagado el tramo de ida, mientras que el vuelo de regreso formaría parte de un paquete de diez viajes adquirido por el piloto corporativo Agustín Issin Hansen por 42.250 dólares. El juez requirió copias certificadas de todas las facturas y comprobantes de pago, y dispuso el levantamiento del secreto fiscal tanto de la productora Imhouse como del piloto Issin Hansen.
Asimismo, se solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informes sobre la situación fiscal y patrimonial de Grandío y su empresa desde enero de 2023. Al Banco Santander se le pidió información completa sobre la cuenta corriente de la productora.
Consultas al Estado y marco de la causa
El juez también se dirigió a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, para que informe si existe alguna autorización, misión oficial, liquidación de viáticos o documentación que justifique el viaje de Adorni. Además, requirió a la Policía de Seguridad Aeroportuaria que obtenga las grabaciones de las cámaras de seguridad del aeropuerto de San Fernando vinculadas al caso.
Estas medidas se desarrollan en una de las tres causas judiciales abiertas contra el jefe de Gabinete en los tribunales de Comodoro Py. La presente fue iniciada a pedido de los diputados nacionales Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro. Los hebitos investigados podrían configurar los delitos de enriquecimiento ilícito o recepción de dádivas, en caso de comprobarse que Adorni recibió un beneficio patrimonial injustificado.