Aunque el dato oficial de febrero marcó 2,9%, el propio gobierno reconoció que la inflación habría sido superior al 3% si se hubiera aplicado la nueva metodología del índice de precios. La discusión vuelve a poner en el centro la medición oficial del costo de vida y el impacto de las tarifas en el bolsillo popular.
La metodología que el gobierno decidió postergar
La polémica sobre cómo se mide la inflación volvió a instalarse luego de que el gobierno admitiera que el dato oficial de febrero habría sido mayor si se aplicara la nueva metodología del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según el dato difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la inflación mensual fue de 2,9%, pero con ponderaciones actualizadas el índice habría superado el 3% y podría haber llegado a alrededor de 3,1%.
La confirmación llegó de parte de Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior y cercano al ministro de Economía Luis Caputo. El funcionario explicó que la diferencia entre ambos cálculos se debe principalmente al peso que tendrían los servicios y las tarifas dentro de la nueva canasta utilizada para medir el costo de vida.
La nueva medición de inflación debía actualizar las ponderaciones del índice en base a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo), que refleja de manera más actualizada cómo consumen las familias. Ese cambio implicaría darle mayor peso a rubros como vivienda, energía y transporte, cuyos precios aumentaron fuertemente en los últimos meses.
Sin embargo, el gobierno decidió postergar la aplicación del nuevo IPC, en medio de tensiones internas y cuestionamientos sobre el momento elegido para modificar la metodología. El debate incluso se profundizó tras la salida del exdirector del INDEC, Marco Lavagna, y la llegada de Pedro Lines al frente del organismo estadístico.
Tarifas, consumo y presión inflacionaria
Los especialistas señalan que una de las principales razones de la diferencia entre ambas mediciones es el peso creciente de las tarifas de servicios públicos, que en el actual esquema de medición tienen menor incidencia. Al actualizar la canasta de consumo, estos aumentos impactarían con mayor fuerza en el índice de precios.
Al mismo tiempo, el contexto internacional también podría presionar sobre los precios. El reciente aumento del petróleo producto de tensiones geopolíticas ya comenzó a trasladarse a los combustibles, lo que podría sumar presión inflacionaria en los próximos meses.
Un debate político y económico
El reconocimiento oficial reavivó el debate sobre la medición de la inflación en Argentina. Mientras el gobierno de Javier Milei insiste en que el proceso de desinflación continuará y apuesta a que el índice mensual se acerque a cero hacia la segunda mitad del año, una perspectiva contraria a la tendencia de los últimos meses. Por tal motivo, economistas y consultoras privadas advierten que los aumentos en servicios, alimentos y energía podrían dificultar esa meta.
En este escenario, la discusión sobre cómo se mide la inflación vuelve a cobrar relevancia política. El IPC no solo refleja la evolución de los precios sino que impacta directamente en salarios, jubilaciones y en la percepción social sobre la situación económica del país.