Una crisis política sacude al Gobierno tras la revelación de audios que detallan un supuesto esquema de corrupción. El escándalo por las presuntas coimas en la Agencia nacional de discapacidad (Andis) provocó la remoción de un alto funcionario, la intervención del organismo y el inicio de una causa judicial. La investigación busca esclarecer una trama de sobornos que salpica a figuras del círculo cercano al Presidente.
El caso presenta múltiples aristas que involucran al poder político, empresarios y la Justicia. Los puntos centrales para entender la trama de presunta corrupción son:
El caso se hizo público el martes por la noche, cuando el canal de streaming Carnaval difundió audios con notorios cortes de una conversación privada. Una voz, que sería la de Spagnuolo, relata a una persona no identificada un presunto desfalco en la agencia.
El registro señala a Lule Menem como el responsable de organizar un esquema de coimas en la compra de medicamentos. El relato detalla un supuesto aumento en los porcentajes de los retornos del 5% al 8%. La difusión del material, de origen ilegal, generó una crisis inmediata en el Gobierno.
Diego Spagnuolo es un abogado que se vinculó con Javier Milei por redes sociales antes de la carrera política del presidente. Ocupó un lugar testimonial en la lista de diputados de 2021 y actuó como su patrocinante en diversas causas judiciales.
Milei lo designó al frente de la Andis al asumir, sin que Spagnuolo tuviera experiencia previa en la materia. Los registros oficiales lo ubican como una de las cuatro personas con más visitas a la quinta de Olivos en la segunda mitad de 2024.
El Poder Ejecutivo actuó en dos fases. Primero, intentó sin éxito que Spagnuolo presentara su renuncia. Luego, lo removió de su cargo “de manera preventiva” en la madrugada del jueves. Un comunicado de la vocería presidencial atribuyó la decisión a “la evidente utilización política de la oposición” y evitó confirmar o desmentir los audios.
Más tarde se firmó el Decreto 601/2025, que dispuso la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad por 180 días. El médico Alejandro Vilches fue designado para liderarla con la misión de realizar una auditoría. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el único ministro en referirse al tema; manifestó su confianza en Karina Milei pero aclaró que no ponía “las manos en el fuego por nadie”.
La causa se inició por una denuncia del abogado Gregorio Dalbón. El caso quedó a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. El fiscal impulsó una serie de medidas que incluyeron 15 allanamientos en sedes públicas y domicilios privados.
En uno de los operativos fue sorprendido el empresario Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina. Intentaba dejar su casa en Nordelta con el dinero y papeles con anotaciones. Las autoridades también secuestraron el teléfono celular de Spagnuolo.
El juez ordenó el secreto de sumario para proteger la investigación. Según la grabación atribuida a Spagnuolo, Suizo Argentina era la encargada de recaudar los supuestos retornos de otros proveedores para entregarlos a funcionarios.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Martín Rodríguez Yebra y Paz Rodríguez Niell.