En los últimos años, Springfield, una ciudad de Ohio que experimentaba una pérdida de población por más de cinco décadas, recibió a cerca de 15.000 inmigrantes haitianos. Su arribo significó una transformación en la fuerza laboral y en la dinámica social de la zona, que ahora podría verse comprometida por las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump.
La mayoría de los recién llegados obtuvo permisos de trabajo y cobertura legal a través del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Gracias a esta condición, los inmigrantes ocuparon puestos en fábricas, plantas de alimentos y empresas de logística, áreas que enfrentaban una escasez crítica de trabajadores.
Empresas como McGregor Metal, que fabrica autopartes, contrataron a haitianos como operadores de máquinas, conductores de montacargas e inspectores de calidad. En compañías como Dole o Amazon, los trabajadores caribeños también asumieron funciones esenciales en el envasado de alimentos y la clasificación de paquetes.
El impacto de la comunidad haitiana fue medible en indicadores económicos y demográficos. Los salarios en Springfield crecieron a un ritmo anual superior al 6% durante más de dos años, el doble de la tasa nacional. Asimismo, las escuelas de la ciudad registraron un aumento en la matrícula tras años de disminución.
La reactivación de la economía local permitió que muchos inmigrantes adquirieran viviendas. En términos demográficos, Springfield recuperó población y diversidad. Los nuevos residentes contribuyeron a revitalizar la vida comunitaria y a sostener sectores que se encontraban en retroceso.
En paralelo a estos cambios, Springfield quedó en el centro del debate político nacional. Durante su campaña presidencial, Donald Trump y su compañero de fórmula, J.D. Vance, hicieron afirmaciones falsas sobre la comunidad haitiana de la ciudad. Entre ellas, señalaron que los inmigrantes comían mascotas.
Las autoridades locales desmintieron esas declaraciones y aclararon que no existían reportes creíbles de maltrato animal ni de ocupación ilegal de viviendas. Sin embargo, los comentarios generaron tensiones sociales y discursos racistas en reuniones públicas de la comisión municipal.
El ahora mandatario también insistió en cuestionar la validez del TPS, un programa que protege de la deportación a miles de haitianos en Springfield. Aunque intentó revocarlo, los tribunales bloquearon esa medida. Actualmente, la vigencia del estatus está prevista hasta febrero de 2026.
De acuerdo con un artículo de The New York Times, la eventual eliminación del TPS tendría un impacto directo en más de 10.000 haitianos que residen en la ciudad de Ohio. La pérdida de permisos de trabajo obligaría a las empresas a prescindir de gran parte de su personal, lo que comprometería su funcionamiento.
“Sin estatus legal pierdes tu libertad y no puedes tener felicidad”, dijo Cratchit Aimé, de 43 años, al medio estadounidense. El inmigrante afirmó que planea volverse a Brasil con su esposa e hijo una vez que el programa finalice.
Amazon ya se vio afectado tras la salida de cientos de trabajadores haitianos, lo que lo llevó a enviar mensajes de texto a exempleados elegibles con la oferta de puestos sin entrevistas. McGregor Metal, en tanto, advirtió que más pérdidas de personal afectarían de forma grave su operación.
El gobernador de Ohio, Mike DeWine, señaló que la salida repentina de esta fuerza laboral tendría efectos significativos en Springfield y en la región, tanto en el empleo como en el mercado inmobiliario. “No va a ser bueno”, advirtió, según lo retomado por The New York Times.
La reducción de la población inmigrante ya comienza a reflejarse en sectores clave. Las ventas de viviendas se han estancado y la demanda de alquileres muestra una desaceleración.
En materia de asistencia social, organizaciones como St. Vincent de Paul reportaron un aumento en el número de familias haitianas que recurren a sus despensas de alimentos, lo que duplicó la cifra habitual. “Se trata de familias inmigrantes que nunca necesitaron ayuda antes”, dijo Casey Rollins, director ejecutivo de la organización benéfica, a The New York Times.
Al mismo tiempo, los propios inmigrantes enfrentan un dilema: permanecer en EE.UU. sin estatus legal o buscar alternativas en otros países.
“Cuando me llega un problema, intento resolverlo. Pero con la situación de los inmigrantes no puedo hacer nada”, aseguró Wilford Rinvil, quien se fue recientemente a Canadá junto con su esposa e hija. “Es lamentable que Trump esté estigmatizando a los haitianos. Por suerte, hay gente que nos ve de otra manera”, agregó.
De acuerdo con Associated Press, ante la incertidumbre, líderes religiosos y sociales de Springfield pusieron en marcha iniciativas de apoyo a los inmigrantes.
El grupo Undivided, con sede en la Central Christian Church, organizó reuniones y talleres para preparar a la comunidad frente a posibles redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
El pastor Carl Ruby, uno de los principales impulsores de estas acciones, sostuvo que el acompañamiento a los inmigrantes es un compromiso moral y espiritual, incluso si implica exponerse a sanciones legales. “Creemos que esto es algo que nuestra fe exige, que las personas de fe suelen ser respetuosas de la ley. Pero, si hay leyes injustas, hay normas que no respetan la dignidad humana, creemos que nuestro compromiso con Cristo requiere que nos expongamos a situaciones donde podamos enfrentar algunas de las mismas amenazas”, expresó.
Estas medidas buscan fortalecer la cohesión comunitaria y ofrecer refugio a quienes pudieran quedar en situación de vulnerabilidad legal.