El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) inició un polémico plan para expandir de forma masiva la instalación de monitores GPS en el tobillo de inmigrantes, un método de vigilancia que es considerado incómodo y estigmatizante.
Según un memorando del 9 de junio pasado revisado por The Washington Post, la agencia federal ordenó la colocación de estos dispositivos electrónicos a las personas inscritas en el programa de Alternativas a la Detención en la medida de lo posible. En el proceso se encuentran unos 183.000 adultos extranjeros.
En la actualidad, 24.000 de los registrados ya portan grilletes electrónicos, por lo que el plan tiene previsto multiplicar por siete la cantidad de personas afectadas. Todas dieron su consentimiento a someterse a algún tipo de rastreo mientras esperan la resolución de sus casos migratorios.
Según la Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia (OJJDP, por sus siglas en inglés), este programa está destinado a garantizar que los migrantes comparezcan en todas las audiencias y tribunales de inmigración correspondientes durante su proceso.
Se trata de alternativas a la detención en régimen de seguridad, el confinamiento, el traslado al sistema de adultos, la supervisión de libertad condicional o programas comunitarios o residenciales, entre otros.
El documento revelado por The Washington Post representa un nuevo mecanismo de seguridad obligatorio de tobilleras electrónicas. “Si el extranjero no está siendo arrestado al momento de la denuncia, aumente su nivel de supervisión a monitores GPS siempre que sea posible e incremente los requisitos de denuncia”, señaló la directriz por parte de la subdirectora interina de gestión de inmigrantes no detenidos, Dawnisha M. Helland.
En tanto, las mujeres embarazadas estarían exentas de esta medida, aunque deberían utilizar dispositivos de rastreo en la muñeca.
Este se trataría de uno más de los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por incrementar el control migratorio en ese país y llevar a cabo la identificación de extranjeros sin estatus legal. El objetivo final es cumplir con las deportaciones de un millón de personas al año.
La iniciativa, asociada con Geo Group, generó controversia entre defensores de los derechos de los migrantes, que alegan que esta práctica siembra discriminación y anula la privacidad de los afectados, muchos de ellos sin antecedentes penales en su historial.
“Esta será una herramienta que ampliará el alcance del gobierno, de solo las personas que puede detener físicamente a cientos de miles más que puede vigilar”, señaló Laura Rivera, abogada de Just Futures, tras una investigación en las tecnologías de rastreo del ICE. Y agregó que “están diseñadas para convertir sus propias comunidades y hogares en jaulas digitales”.
Los representantes también indicaron que estos dispositivos generan incomodidad en los migrantes que los portan, así como que son destinadas a extranjeros que siguen las pautas de los procesos migratorios.
Por su parte, el ICE puntualizó que se emplean como una “herramienta de control” para garantizar el cumplimiento de las leyes federales de inmigración en todas las personas que no se encuentran detenidas bajo custodia de las autoridades.