El gobierno de Estados Unidos apoyó nuevamente la postura de Argentina en el caso YPF. Primero ocurrió durante la presidencia de Joe Biden y ahora Donald Trump vuelve a ubicarse a favor de los argumentos de la defensa: presentará un escrito como amicus curiae (amigo del tribunal) contra la sentencia que desconoce los derechos soberanos de una nación.
La noticia se conoció luego de que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dispusiera la suspensión administrativa temporal de la orden con ultimátum para que el país entregue el 51 por ciento de los títulos de la petrolera estatal, a los fondos buitres.
El respaldo legal del Departamento de Justicia norteamericano sostiene que la decisión de la jueza Loretta Preska viola la soberanía de Argentina. Será interpuesto ante el tribunal superior para intentar bloquear la cesión de las acciones dictada por la magistrada.
Los títulos de YPF se encuentran registrados en la Caja de Valores de Argentina y no cotizan en la bolsa de Nueva York. Las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos prohíben a sus jueces embargar u ordenar la venta de un bien de otro país excepto que estuviera localizado en territorio estadounidense.
Una fuente experta en la causa, había adelantado a PáginaI12 que a Estados Unidos, más allá de quien gobernara, «no le convienen este tipo de decisiones» judiciales porque afecta su política exterior. Y consideró que “una vez más” iban a intentar colaborar con la estrategia de defensa argentina.
En octubre del año pasado, cuando el presidente era Joe Biden, el gobierno de EE.UU intervino para solicitar a Preska que no hiciera lugar al reclamo contra YPF del fondo inglés Burford y de Eton Capital, porque interfiere en la soberanía de otro país. En esa oportunidad, Preska desestimó el escrito. Pesó más el tironeo de los caranchos.
Las dos naciones entienden que el fallo es contrario a las leyes. En ambas cambiaron las gestiones a cargo del Ejecutivo pero la postura de Estado es la misma: el límite son los intereses soberanos de los países. Los propietarios de los capitales especulativos también lo saben y por eso implementan maniobras extorsivas que llegan hasta ese borde, con el objetivo de traccionar una negociación por cifras millonarias.
Mientras la apelación argentina continúa su proceso, sigue vigente la traba momentánea del fallo, hasta que las partes presenten los argumentos. Según el escrito de la Cámara, las fechas límites son el 17 y el 22 de julio. La primera para que los demandantes objeten la posibilidad de ejecutar una prolongación más extensa de la medida judicial cancelatoria del traspaso de los instrumentos financieros, que reclaman como resarcimiento por los perjuicios generados con la reestatización de la compañía petrolera en 2012.
La segunda para la respuesta del Estado argentino, cuyos fundamentos se basan tanto en el cumplimiento del derecho federal norteamericano, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y los principios de cortesía internacional, como en la letra de la Constitución nacional cuya violación sería efectiva de cumplir con la resolución de Preska.
El artículo 10 de la Ley 26.741, referido a la expropiación de YPF, prohíbe al Gobierno transferir las acciones expropiadas sin la aprobación del Congreso con el voto de sus dos cámaras. Por ello, el texto de Preska llegó a sugerir la modificación de la Constitución.
La intervención del gobierno de Estados Unidos apunta a que la pausa en la medida se extienda durante todo el tiempo que dure el proceso de apelación de fondo.
“Los demandantes pueden intentar presentar una nueva demanda en el juzgado de Preska procurando corregir los incumplimientos contractuales que les costaron esta derrota, pero las chances de la Argentina de prevalecer se fortalecen tras este fallo de Cámara, y, de mínima, la nueva causa demoraría años en resolverse”, aseguró el abogado Sebastián Soler, en X.
El amicus funciona como apoyo explícito de una parte independiente a una persona, entidad o país dentro de un caso: “le agrega argumentos favorables para que el juez o los jueces sean persuadidos y fallen a favor”, explicó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors.
El respaldo del Departamento de Justicia “no parece extenderse a la apelación vinculada a la orden de entrega de las acciones de YPF, ni tampoco aplica al fallo de los 16.100 millones de dólares”, agregó y precisó que no es posible un recurso similar sobre el fallo principal porque el plazo venció en septiembre del 2024.
“La entrega de las acciones es un tema más importante para Estados Unidos y la soberanía de la Argentina que el fallo de la expropiación de YPF, que es un tema más de promesas incumplidas y violación de leyes del mercado de capitales”, opinó sobre la actitud de la Casa Blanca, para torcer la decisión de Preska.