Entre los proyectos de ley propuestos por los gobernadores y aprobados en el Senado de la Nación se cuenta la modificación en la distribución de los Impuestos a los Combustibles, de lograr su sanción y sobrevivir al veto presidencial tendría como principales ganadores en el reparto de fondos a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, aunque el resto de los distritos también verán mejoras en sus ingresos.
La Cámara alta convirtió en ley el aumento a las jubilaciones, la nueva moratoria previsional, y la emergencia en discapacidad, y además dio media sanción a dos proyectos impulsados por los gobernadores modifican el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y los fideicomisos que son financiados con el impuesto a los combustibles líquidos (ICL).
A partir de un análisis sobre la modificación del ICL del economista Nadin Argañaraz, y presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en el caso de Buenos Aires el incremento de fondos pasaría de los actuales $203.058 millones al año a $471.435 millones con el nuevo esquema; Santa Fe pasaría de $84.335 a $212.562 millones; y Córdoba de $84.331 a $207.911 millones.
El trabajo hace una suposición de la recaudación anual de impuesto para todo 2025 sólo por el alcance del impuesto a los combustibles que llegaría a los $4.800.000 millones, y a partir de esa cifra las modificaciones propuestas tendrían un impacto del orden del 0,19% del PBI anual ya que implicaría un traspaso de la Nación a las provincias de $1.579.027 millones al año.
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires que es la menos favorecida en el actual régimen de dsitribución del impuesto, pasaría de $9.272 a $78.729 millones, seguida por La Rioja que recibe actualmente $26.288 millonesy pasaría a $70.741 millones; o el caso de La Pampa que recibiría lo proppio de $27.247 a $67.593 millones, sólo por citar las del podía inverso.
La propuesta de las provincias
El proyecto aprobado en el Senado sobre el Impuesto a los Combustibles cambia la distribución de la recaudación entre Nación, provincias y CABA, para lo cual se eliminan los fideicomisos de Infraestructura Hídrica, de Infraestructura de Transporte y de Sistema Vial Integrado, y los fondos Compensador del Transporte, el de Desarrollo Eléctrico del Interior y el de Vivienda.
Los mencionados fideicomisos y fondos nacionales son financiados en forma total o parcial a través del producido del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), mediante asignaciones porcentuales específicas para cada uno de ellos. La propuesta dispone que el presupuesto asignado a esos fondos sea coparticipado a las provincias de la misma manera que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
El proyecto que salió del Senado plantea que este mecanismo de distribución, utilizado para financiar problemáticas específicas de algún sector o actividad económica, es difícil de justificar en el actual contexto fiscal, donde la crisis de ingresos fiscales obliga a focalizar el uso de la totalidad de recursos en atender las responsabilidades indelegables de las provincias (educación, salud, seguridad y justicia), más las recientemente transferidas.
El proyecto modifica los coeficientes de distribución que de acuerdo a la ley vigente es del 10,4% para a las provincias y lo eleva al 57,02%, y también eleva la participación del Tesoro nacional de 10,4% a 14,29%, en una clara menor proporcion.
Así, se aprobó que del total correspondiente a las provincias se debe repartir un 25% en partes iguales entre los 24 distritos, y el 75% restante en base a los coeficientes fijados en la Ley de Coparticipación.
Millonario atraso en el ICL
En el primer semestre del año, el Gobierno nacional sufrió una significativa pérdida de ingresos fiscales estimada en unos u$s1.200 millones, debido al retraso en la actualización del impuesto a los combustibles. Esta cifra representa un promedio de u$s200 millones mensuales que dejaron de ingresar a las arcas del Estado por la decisión que desde 2021 se viene adotando de diferir el aumento trimestral completo al litro de nafta o gasoil.
Según a la normativa vigente, el ICL y CO2 debe actualizarse trimestralmente de acuerdo a la variación del IPC Nacional, y desde comienzos del 2024 al llegar la nueva gestión se dispusieron incrementos escalonados con el objetivo de aplicar las actualizaciones pendientes.
Sin embargo, a partir de mayo del año pasado hasta hoy se realizaron incrementos parciales de los montos del impuesto, a través de más de una decena de decretos, postergándose la actualización del monto total del impuesto.
La consultora Economía y Energía que dirige el economista Nicolás Arceo, destacó que la actualización parcial del monto del impuesto en el mes de junio de 2025 significó una pérdida de recaudación estimada en u$s202 milones por las ventas de combustibles.
En ese mismo sentido, se destacó que la pérdida de recaudación para el fisco nacional en 2024 fue de u$s2.011 millones, en tanto que al cierre del primer trimestre el monto ascendía a u$s601 millones de pérdida.