El derrotero del juicio por la expropiación de YPF nace en abril de 2012, durante la gestión de la ex Presidente, condenada y presa, Cristina Kirchner. Por entonces, la rea anunció su intención de estatizar YPF.
Petersen había comprado el 25% de las acciones de YPF a Repsol, el 21 de febrero de 2008, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Primero pagaron US$1100 millones por el 14,9% de las acciones y luego US$2200 millones por el 10,1% restante. El fondo Eton, por su parte, había comprado el 3,04% de las acciones en noviembre de 2010 por US$458 millones.
El 16 de abril de 2012, Cristina Kirchner anunció su intención de quedarse con YPF y el 7 de mayo de ese mismo año, entra en vigor en la Argentina la ley de interés público que dejó el 51% de las acciones de YPF en poder de Repsol como sujetas a expropiación y bajo ocupación temporal por el Estado argentino, situación que llevó a Petersen a la quiebra en España, donde había obtenido los créditos para hacerse con las acciones de la petrolera.
La expropiación de YFP se consumó en mayo del 2014, luego de que el Estado Nacional le abonara a la empresa española Rapsol US$5000 millones en bonos soberanos.
| La Derecha Diario
El por entonces interventor de YPF Axel Kicillof se negó a realizar la oferta pública de adquisición sobre el total de las acciones cuando expropió el 51%, lo cual estaba establecido y prefijado por el propio estatuto de la petrolera.
En aquel tiempo, Kicillof sostuvo ante el Congreso de la Nación que “No le vamos a pagar lo que ellos dicen, sino el costo real de la empresa. Los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según el estatuto de YPF”.
Ya en el día de hoy, la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska dio lugar a un pedido de los demandantes Burford y Eton Park, que reclamaban el 51% de las acciones de YPF como parte de pago de la condena por 16.000 millones de dólares. La sentencia se debió a una demanda iniciada tras la decisión de Cristina Kirchner y Axel Kicillof de expropiar la petrolera nacional.
Preska determinó hoy que el Estado argentino tiene 14 días para transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en el Bank of New York Mellon (BNYM).
| La Derecha Diario
Como anticipó el Presidente Javier G. Milei, la Argentina apelará esta decisión y solicitará que los efectos se suspendan hasta que se resuelva la apelación, sin perjuicio de que la jueza Preska seguramente pida a cambio una garantía de pago.
Claro está que, a esta altura y tras un largo camino recorrido, fue la propia historia la que dejó a Kicillof en el lugar del verdadero tarado de esta película.
Es que su actuar doloso –lo cual implica que siempre tuvo la intención de defraudar al Estado– dejó a la Argentina en la peor situación posible debido al incumplimiento de las cláusulas estatutarias que la propia YPF se había impuesto. Kicillof, sencillamente, decidió de manera deliberada hacer caso omiso de las normas derivando en un perjuicio al Estado que, con intereses, supera los 25.000 millones de dólares.
Sostener que el proceder de Kicillof es doloso no resulta caprichoso. Es lo que se desprende de sus propias decisiones y manifestaciones al momento de la expropiación de YPF. Actitud que, a toda luz, es cuanto menos punible desde la perspectiva del abuso de autoridad, la violación de deberes de funcionario público, la malversación de caudales públicos y, por qué no, del fraude en perjuicio del Estado.
Sin dudas, la responsabilidad de Kicillof debe ser investigada y juzgada. De ningún modo puede admitirse que un perjuicio como este –que estamos pagando todos los argentinos– quede impune.
Cuestión que también interpela a la sociedad puesto que, cada dos años, debemos elegir a nuestros representantes en virtud del sistema democrático que impera en nuestro país. Y como miembros de este cuerpo social, no podemos permitirnos que ineptos, delincuentes, o simplemente pelotudos, ocupen lugares de poder. Su poder de daño es incomparable, y la historia no nos permite mentir al respecto.