En los últimos meses, la Intendencia de Montevideo (IMM) ha estado en el centro de una controversia que pone en evidencia un problema estructural en la gestión del gasto público: el exorbitante pago de horas extras a sus funcionarios.
En 2023, según datos obtenidos a través de pedidos de acceso a la información pública, la IMM destinó aproximadamente US$10 millones a más de 826.000 horas extras, un monto que ha generado indignación entre los ciudadanos y críticas desde diversos sectores políticos.
Este caso no solo refleja una administración ineficiente, sino también un desprecio por los principios de responsabilidad fiscal y respeto al contribuyente, fundamentales para una sociedad libre y próspera.
Evolución de la cantidad de horas extras
| La Derecha Diario
Por un lado, el gasto en horas extras dominicales (línea naranja) se mantiene más estable, fluctuando entre 4 y 6 millones de pesos durante el período, con un leve incremento hacia 2023. Esta estabilidad sugiere que las horas dominicales no han experimentado cambios drásticos en su asignación, a diferencia de los servicios extraordinarios.
| La Derecha Diario
En cuanto a la cantidad de horas, hubo un aumento de 788.299 a 882.061 horas del 2022 al 2023, casi 100.000 horas más, sin un incremento percibido en la cantidad y la calidad de los servicios que brinda la IMM.
| La Derecha Diario
Estos datos reflejan la necesidad de revisar las políticas de gestión de personal en la Intendencia de Montevideo, ya que el aumento sostenido en el gasto por horas extras podría impactar el presupuesto municipal y señalar una dependencia de este mecanismo para cubrir necesidades operativas.
Críticas de la oposición
Uno de los candidatos a Intendente Municipal de Montevideo por la Coalicion Republicana, Martín Lema, una de las voces más críticas en este asunto, ha denunciado que entre 2020 y 2024 la IMM pagó más de 3.4 millones de horas extras, con un costo acumulado que supera los US$35 millones en cinco años.
Solo en 2023, el gasto en horas extras representó cerca del 2% del presupuesto total de la Intendencia, una cifra que el intendente Mauricio Zunino ha calificado como «razonable».
Sin embargo, esta afirmación resulta difícil de justificar cuando se analizan los detalles: se autorizaron jornadas de trabajo de hasta 17 horas diarias para algunos funcionarios, y se identificaron irregularidades como la violación de los topes establecidos por el Digesto Municipal, que limita las horas extras, salvo autorización expresa del Intendente.
Más grave aún, se aprobaron horas extras a actividades que estaban suspendidas, como en el Casino Municipal durante la pandemia, donde se pagaron más de 500 horas extras a pesar del cierre del establecimiento. Estas prácticas, lejos de ser casos aislados, parecen haberse convertido en una norma, evidenciando una preocupante falta de control interno.
| La Derecha Diario
Un presupuesto mal distribuido
La IMM recauda aproximadamente US$808 millones al año, de los cuales el 48% se destina a salarios y otros vínculos laborales . Este porcentaje, sumado al gasto en horas extras, deja un margen ínfimo —alrededor del 13%— para inversiones en infraestructura, limpieza o movilidad, que son las verdaderas prioridades de los ciudadanos.
En lugar de optimizar los recursos humanos existentes o reestructurar su plantilla de más de 8.000 funcionarios, la Intendencia recurre a las horas extras como una solución facilista, perpetuando un modelo de gestión que favorece el clientelismo político por encima del bienestar general.
Una Intendencia en crisis
La polémica de las horas extras se desarrolla en un contexto de dificultades financieras reconocidas por el propio Zunino, quien ha admitido que la situación económica de la IMM «no es excelente». Sin embargo, en lugar de adoptar medidas de austeridad, la administración ha optado por culpar al gobierno central de Luis Lacalle Pou, alegando atrasos en transferencias, mientras organiza eventos costosos y poco austeros, como la fiesta por los «300 años de Montevideo» por nombrar uno de muchos.
La IMM arrastra una estructura burocrática pesada que, en muchos casos, duplica funciones del Estado nacional o asume roles que no le corresponden, como mantener un canal propio de televisión, por ejemplo.
Este modelo no solo es ineficiente, sino que también facilita prácticas clientelistas, desviando recursos que podrían destinarse a mejorar la calidad de vida de los montevideanos y es el reflejo de un modelo de gestión que desoye los principios de responsabilidad, eficiencia y respeto al contribuyente.