El Gobierno modificó el sistema antidumping, eliminando una protección contra el comercio desleal que usan todos los países del mundo. El decreto con los cambios habla de agilizar y eficientizar las investigaciones, al tiempo que los funcionarios públicos se contentaron con promover una baja en los precios y una competencia más transparente. Sin embargo las consecuencias pueden ser al revés: facilitar la entrada de importaciones para dominar un mercado y luego subir el precio. A partir de los cambios, se acortarán los plazos de las medidas antidumping y se unificarán trámites que hasta ahora debían hacerse en paralelo en dos dependencias.
A través del Decreto 33/2025, el Gobierno modificó el sistema antidumping, reduciendo la duración de las disposiciones de una vigencia máxima de 5 años con renovaciones ilimitadas a una de 3 años con una única posibilidad de extensión por 2 años más, como principal medida. Es decir que los cinco años pasan de ser un mínimo para la vigencia de la medida, a un tope de duración de la protección. Esto, en un contexto internacional amenazado por las frecuentes prácticas anti-competitivas de China impone una fragilidad para la industria local, algo que los funcionarios de La Libertad Avanza se esfuerzan por desconocer.
El argumento oficial es que tal como estaba, el sistema otorgaba derechos exagerados a las empresas que terminaban encareciendo los productos en el mercado interno. “En Argentina, estas medidas [antidumping] funcionan en muchos casos como un derecho adquirido, lo que evita la competencia y encarece productos para los consumidores e insumos para la industria”, señalaron desde la Secretaría de Comercio. Pero el Gobierno tiene otras herramientas para detectar posiciones dominantes de mercado –por ejemplo la investigación que abrió en su momento la Secretaría acusando la colusión en la medicina prepaga- en lugar de abrir indiscriminadamente las importaciones.
Impacto
“Para los sectores mano de obra intensivos es un cambio entre el día y la noche”, resumió el economista Mariano Kestelboim, ex representante permanente de la República Argentina para el Mercosur, enfatizando que estas medidas constituyen una protección hacia la producción local y el empleo, que son amparadas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) en reconocimiento de la competencia desleal.
En Argentina se llevaron a cabo 1.834 investigaciones por dumping en 2023 y en su mayoría apuntaban al comercio con China (en menor cantidad aparecen Brasil, India y Tailandia) y llegaron a representar importaciones por 1.067 millones de dólares: en el total de importaciones de productos similares representaron el 54 por ciento, y en el total de importaciones nacionales un 1,5 por ciento, según datos de la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE).
Entre los productos protegidos en 2023 que publicó la CNCE se observan sustancias químicas de uso industrial, funguicidas, perfiles de PVC, etc. También placas y perfiles para la construcción y la industria, puertas de acero, chapas y tubos de aluminio. En el rubro textil se encuentran tejidos, calzados, guantes y cierres para cremalleras. Entre los materiales para la construcción el porcellanato, artículos sanitarios y vajillas. Otros equipos como las bombas de agua y calderas; y también electrodomésticos como equipos de aire acondicionado, lavavajillas, planchas eléctricas, multiprocesadoras, batidoras, etc.
Una empresa que se verá sin dudas afectada es Techint, dado que se encuentra protegida por el dumping contra las importaciones de tubos de acero con y sin costura, provenientes de su gran rival, China. No es casual que la Unión Industrial Argentina (UIA) en donde Techint tiene gran peso haya salido el mismo día en que se conoció el Decreto 33 con un comunicado diciendo que las menores trabas a la importación desleal no generan subas de precios. “La herramienta no debe ser confundida como la causante de mayores precios en la industria local versus la importada, ya que es la combinación de estrategias comerciales agresivas de algunos países y la alta carga impositiva local”, afirmaron, aprovechando para criticar el peso del Estado vía los impuestos.
Según definió la OMC, los derechos antidumping son instrumentos “que se utilizan cuando el precio de un producto importado se vende por debajo del valor de mercado del país de origen, es decir, cuando una empresa exporta un producto a un precio menor al que cobra en su propio mercado”.