La muerte del juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, despertó una fuerte conmoción en el ámbito judicial y además plantea muchos interrogantes. Por ahora, las hipótesis están todas abiertas, aunque la del suicidio sigue siendo la principal.
El magistrado, de 55 años, fue hallado sin vida en la mañana del jueves 9 de enero en el edificio Antares, ubicado en la intersección de las calles Galarza y Eva Perón, donde vive su madre, quien no se encontraba al momento del hecho.
La fiscalía avanzó en las primeras horas con la toma de declaraciones y el análisis de las cámaras de seguridad. En base a esos elementos de prueba, se pudo establecer que el magistrado llegó solo al lugar, mantuvo una breve conversación con el portero y poco después se dirigió a la terraza.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Los voceros destacaron que, en principio, no habría indicios de la participación de terceros en el hecho, por lo que la teoría de un suicidio sigue siendo la más importante.
A eso se le sumó en las últimas horas el resultado preliminar de la operación de autopsia, que fue realizada en el hospital Justo José de Urquiza. El informe no detectó lesiones previas a la caída y precisó que el juez Seró murió a raíz de un trauma cerrado de cráneo.
De acuerdo con las primeras conclusiones de los forenses, el cuerpo presentaba múltiples fracturas de cráneo y costillas que afectaron las arterias del corazón y le hicieron estallar el hígado, según detalló el sitio Infobae.
Los Monos. El magistrado era conocido por su participación en investigaciones contra organizaciones de narcotráfico y lavado de activos en la provincia de Entre Ríos. Una de las más resonantes es la que involucra a miembros de la narcobanda rosarina de Los Monos.
Seró había intervenido en la causa que investiga el secuestro extorsivo del empresario Gastón Tallone, ocurrido en julio del año pasado en la zona porteña de Abasto. La víctima nunca apareció pese a que su familia habría pagado un rescate de 100 mil dólares.
Desde un primer momento el rapto fue atribuido a una deuda que presuntamente el empresario mantenía con la organización de la familia Cantero. “Devuelvan la droga y los 500 mil dólares que se robó”, fue el mensaje que recibió su familia.
Curiosamente, la causa –que después pasó a ser investigada por el fiscal Carlos Stornelli– avanzó en los últimos días con la detención de un sospechoso: Gustavo Juliá, un empresario que en 2012 fue condenado a 13 años de cárcel en España por el contrabando de 944 kilos de cocaína.
Algunos testigos señalaron que el magistrado atravesaba un severo cuadro de depresión que también alimenta la hipótesis de un suicidio. El año pasado le habían iniciado un sumario en el Consejo de la Magistratura, a partir de un hecho que tuvo como protagonista a su hijo, Ramiro Seró Frattini.
El 24 de marzo de 2024 chocó una camioneta VW Amarok que estaba inscripta a nombre de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y asignada al uso exclusivo del juzgado. Colisionó contra un Fiat Palio que estaba estacionado y terminó provocando daños en una casa y un local comercial del centro de Concepción del Uruguay.
El conductor registró 0,98 gramos de alcohol en sangre, según se determinó en el lugar. La dueña del Palio contó semanas después que le habían ofrecido nueve millones de pesos a cambio de eliminar sus publicaciones en las redes sociales.
“No me pidan que no lo juzgue por ser hijo del juez, no puedo no hacerlo, porque la diferencia entre él y todos nosotros es ocultar todo en los medios, ocultar las evidencias, y jugar en un auto del Estado”, expresó María Belén Haberkom.
La Amarok que conducía el hijo del juez fallecido había sido secuestrada en 2018, en el marco de una causa por asociación ilícita que tramitó en la provincia de Buenos Aires. Según el portal Diario Junio acumulaba 19 infracciones de tránsito, seis en rutas entrerrianas y el resto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.