En las últimas dos semanas de muy intensa actividad, el oficialismo quiso apurar la aprobación de 18 leyes y 11 nombramientos de altos funcionarios judiciales, además del presupuesto en lo que la legisladora Luciana Echevarría definió como “un festival de proyectos”. Entre ellos se destacó la llamada ley de “ficha limpia”, una operación de marketing político de los partidos patronales.
Algo llamativo de 2024 fue que el oficialismo (Hacemos por Córdoba, peronismo y aliados) empezó el año buscando que la Legislatura no funcione, de hecho impuso que las sesiones sean cada 15 días y con auxilio del legislador de La Libertad Avanza cambió el reglamento para dificultar el tratamiento de las iniciativas de la oposición. Ante una composición de la cámara más adversa, luego de años de mayoría y quórum propios, el PJ y aliados decidieron maniobrar para recuperar el control de la Legislatura. Pero llegó diciembre y ahí comenzó el apuro.
Varios de los proyectos importantes que se trataron estos días fueron sobre el poder judicial. El nombramiento en el Tribunal Superior de Justicia de Jesica Valentini, de origen radical pero colaboradora cercana y familiar del gobernador peronista Llaryora. La designación de otros 10 magistrados del más alto nivel del poder judicial; la creación de un fuero especial para delitos ambientales, la modificación del ministerio público de la defensa (los defensores oficiales). Y un nuevo régimen penal juvenil que incluye la posibilidad de “medidas de restricción de la libertad para proteger a los menores no punibles” o dicho más claro meter presos a niños y adolescentes menores que aún no tienen la edad de imputabilidad.
Este último proyecto lo terminaron retirando del tratamiento sin dar explicaciones, algunos afirman que es por divisiones internas en el bloque oficialista, otros que hay un sector de la justicia disconforme con la iniciativa. Lo cierto es que el proyecto ya había sido despachado y contaba con la firma de varios oficialistas y sus aliados. Otra muestra de crisis política.
“Le dicen ficha limpia porque es para lavarse la cara”
En la sesión del 27 de diciembre, se convirtió en ley la famosa ficha limpia que se redactó entre radicales, peronistas y aliados. Prevé que quienes tengan un fallo en contra en dos instancias (no sentencia firme) “por delitos dolosos de cualquier naturaleza” no puedan ser candidatos a cargos electivos provinciales, municipales o comunales ni autoridades internas de los partidos.
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La legisladora Luciana Echevarría señaló:
“Es limpia porque les sirve para lavarse la cara. Nadie va a creer que el PJ, la UCR y el PRO quieren enfrentar la corrupción, cuando son los protagonistas excluyentes de los casos más graves de corrupción de los últimos 40 años en nuestra provincia.
Hay 2 opciones: o se volvieron repentinamente honestos o están simulando. Y la gente sabe muy bien cuál es la opción correcta, por eso no engañan a nadie.”
Y agregó:
“Para colmo de males, con esta ley le otorgan un poder enorme a la Justicia, que es un engranaje indispensable en la corrupción institucional. De hecho, en esta misma sesión van a aprobar la incorporación de Valentini al TSJ, cuestionada de un lado por ser militante peronista y del otro por ser afiliada radical, demostrando en ambos casos que la independencia judicial es una mentira total. La eligen los partidos tradicionales y les responde a ellos.”
La corrupción es inherente al poder político capitalista, es la grasa de la máquina del sistema, no se trata de faltas individuales. Y el poder judicial es parte de ese poder político cómplice del gran delito organizado, que junto a la policía le da amparo a varios de los principales negocios capitalistas: las redes de trata, el narcotráfico, el tráfico de armas, los desarmaderos y la venta de armas y otros artículos robados, el contrabando, etc. Sin esa cobertura no podrían funcionar.
Una propuesta integral contra la corrupción
En su discurso, la legisladora Echevarría explicó algunos de los puntos del programa integral que tenemos los socialistas del MST en el FIT-U para terminar con la corrupción. Para depurar la política de quienes buscan beneficios personales, terminar con los privilegios: que los funcionarios políticos vivan como el conjunto de los trabajadores; que cobren como una directora de escuela y estén obligados a usar la salud, la educación y el transporte públicos. Echeverría pidió en esta última sesión que se trate nuestro proyecto que va en ese sentido, algo que los bloques mayoritarios se negaron a hacer sin ningún debate.
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Ese proyecto sería parte de la reforma política profunda que hay que hacer: con un mecanismo accesible para que los cargos sean revocables cuando los funcionarios no cumplen con lo que prometieron o traicionan la voluntad popular saltando de banca en banca, de partido en partido. Y cambios profundos en el poder judicial, que a los jueces y fiscales los elija el pueblo y también sean revocables y que a los casos de corrupción los juzgue el pueblo, por medio de una Comisión Independiente de todos los poderes del Estado.
Iván Sosa